EXTINCIÓN DEL SANTO OFICIO[1]

 

Consiguiente a ellos ha sido la extinción del tribunal de este nombre. No tronaré con invectivas exquisitas contra este establecimiento, símbolo de la caducidad, y nada de las grandezas humanas. La imparcialidad exige deseemos que se administre justicia contra los prevaricadores en la religión del Estado, diciendo con el sabio don Pedro Canel Acebedo:[2] “Fuerte cosa es que ha de haber tribunales para castigar los delitos políticos, y no para los religiosos.” El hombre contrae con el gobierno en que vive; y pacta que vivirá en su seno, y gozará de sus prerrogativas y ventajas, si guardare la religión del Estado, si no perturbare la paz de las conciencias, si no negare el símbolo de la común creencia, si no arrancare del corazón de sus conciudadanos la esperanza y temor de una suerte feliz, o de una eternidad de penas, único freno que limita nuestros deseos, y arregla nuestra conducta. Toca a los pastores cuidar de la grey que se les ha encomendado; háganlo en buena hora; pero sean sus juicios públicos y solemnes: sepa el reo quien lo acusa; táchelo, caréesele con el impostor testigo; redargúyalo y confúndalo, goce de la luz en la prisión, comunique con sus semejantes, departa con su esposa, hijos y amigos; merezca toda la indulgencia hija de la caridad; sea observada la pragmática de Carlos V, que dice: “los que fueren presos, sean puestos en cárcel pública, honesta, y tal que sea para guarda, y no para pena.” Juzgar en nombre de Jesucristo, y atormentar al procesado en un socucho,[3] o en una torre gótica y mohosa por diez o más años es conducta que no puede aprobar el Evangelio, y que no observó san Pablo, cuando castigó al incestuoso.[4] Bendigamos por tanto la hora en que desapareció de la monarquía española un establecimiento que no por su objeto,  y sí por su antigua forma de conocer y proceder, como conocía y procedía, hacía fuerza a la razón, y oprimía a la miserable humanidad. Porque, ¿ni dónde se ha visto un tribunal árbitro del honor, bienes y vida de los habitantes de la mayor monarquía del mundo, instalado por una delegación violenta (y acaso equívoca) en perjuicio de la autoridad de los obispos, a la voluntad de un solo hombre, y éste sin responsabilidad a nadie en la Tierra? Ésta es una quimera; dudará la posteridad creer cómo pudo conservarse en la Europa por tres siglos, así como dudamos del areópago de Atenas,[5] a pesar del buen olor que nos dejó de sus virtudes; pues parece incompatible con la libertad característica y esencial de la Grecia. Menos podrá creer que una cábala de devotos haya podido sostenerla tan vigorosamente, chocando con la voluntad de la parte más ilustrada de la nación, y con los votos de la buena razón.

   Fijaos, compatriotas, en estas ideas, y creed con Filangieri, que España más bien necesita de una Inquisición contra la excesiva credulidad, y contra los impostores que se aprovechan de ella, que contra la irreligión, para la que no están dispuestos los españoles.[6] El gobierno, apoyo del sacerdocio, impartirá su auxilio a los señores obispos y curas. No, no se permitirá a ningún mozalbete casquilucio[7] ofender la santidad de la fe y blasfemar, y si alguno osase hacerlo, lo veréis caminar muy campante a una cárcel pública, donde se le procesará públicamente, y con la misma publicidad sufrirá el castigo del magistrado nacional para que sea fructuoso. No habrá misterios: con caras alegres y no taciturnas y de mochuelo, se tratarán esos procesos. No habrá bastones dorados en las manos de los satélites;[8] pero sí habrá un buen garrote para estrangular al insolente ateísta, que ose convertirnos en bestias con sus pestilentes opiniones y diatribas. Descansad, americanos, vivid tranquilos; decidme si ganamos o perdimos en el cambio, si hay peligro de que padezca la fe ortodoxa, y si son o no favorables los efectos de la extinción del Santo Oficio.

 

 

DEL REY

 

La Constitución ha considerado la persona del monarca bajo la idea que las naciones cultas han tenido de su alteza y dignidad.[9] Ha supuesto por una precisión metafísica, pero necesaria, que es el ente más perfecto de la naturaleza, en quien se hallan reunidas las virtudes que son comunes a los demás hombres de un modo eminente y sublime. Por tanto lo ha reputado un ser benéfico, justo, religioso, e incapaz de obrar por sí mal ninguno; y así es que lo ha declarado inviolable, y sagrada su persona.

   Supuesta esta idea, nadie podrá decir fundadamente que está defraudado en su autoridad por las restricciones que le ha puesto el artículo 172, siendo una de ellas (la undécima) que dice: “No puede el rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna... Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacer la entrega a disposición del tribunal o juez competente”.[10]

   El que no tuviere idea del derecho público, y no entienda la monstruosidad que envuelve esto de que el mismo que dicta la ley la ejecute (lo cual es el despotismo en toda su deformidad), ése no temerá asegurar que el rey ha sido defraudado en parte de su poderío; mas el que sepa que por la Constitución sólo es ejecutor de las leyes, y que a esto se opone la facultad de legislar, ése hallará que semejante restricción es obra y resultado de la prudencia, y de los mejores principios de política, pudiéndose sólo agraviar el que, como Dionisio de Siracusa,[11] creyese que dejaba de ser rey, cuando no cortaba cabezas, o cuando Platón le hacía oír la voz de la filosofía, que tanto le desagradaba.

   El monarca español goza de las prer[r]ogativas del artículo 171,[12] y sobre todas ellas, la de indultar con arreglo a las leyes, y ser por lo mismo un hombre benéfico y no dañino, imposibilitado por la misma Constitución para hacer el mal, y sólo ser beneficioso a su pueblo.

   El decreto de las Cortes de 23 de junio de 1813 declara que los jefes políticos (entre los que se comprehenden los que se conocían con el nombre de vir[r]eyes) pueden ejercer la facultad que concede al rey el párrafo once de la Constitución, ya citado, en solo el caso que allí se previene; que también podrán arrestar a los que se hallen delinquiendo in fraganti; pero en estos casos entregarán los reos a disposición del juez competente en el preciso término de veinte y cuatro horas (mitad del que se concede al rey). Ley santa, exclamaré, como el sabio Canel Acebedo, yo me postro ante tu disposición, en que se demuestra la majestad del hombre. ¡Ah!, si tú hubieras existido tres siglos ha, ¿cuántas lágrimas doloridas economizaras, que ha hecho derramar en América la ilimitada autoridad de estos magistrados? ¡Dichoso pueblo a quien es dado ese decreto de salud, esa tabla de salvación en el naufragio en que ya zozobrábamos! Compatriotas, dejadme que os descorra parte del velo fúnebre que ocultaba la autoridad sin términos, o, hablando en lenguaje del derecho, desaforada bajo que vivíamos, y de este modo conozcáis los beneficiosos efectos de la Constitución proclamada.

   La ley 2, título 3, libro 3 de Indias concluye con estas memorables palabras: “Y damos, y concedemos, y otorgamos a los vir[r]eyes todo el poder cumplido y bastante que se requiere y es necesario; y prometemos por nuestra palabra real, que todo cuanto hicieren, ordenaren y mandaren en nuestro nombre, poder y facultad, lo tendremos por firme, estable y valedero para siempre jamás.”[13] La ley 20, título 8, libro 7, dice: “Los vir[r]eyes, presidentes y gobernadores guarden lo resuelto por la ley 61, título 3, libro 3, y extrañen de sus provincias a los que conviniere al servicio de Dios y nuestro, paz y quietud pública en aquellos reynos... sin embargo de que hayan obtenido perdón de sus delitos, remitiéndonos la causa para su justificación”.[14]

   Yo no alcanzo cómo pueda darse por firme y valedero lo que se ofrece a nombre del rey, y después de esto pueda formárseles causa y desterrárseles (que es grave pena) a pesar de que hayan obtenido perdón de sus delitos. Que por reincidentes se les procese y destierre, ya lo entiendo, y es justo; pero que se haga a pesar de que hayan obtenido perdón, no lo alcanzo. Yo creía que el perdón es el sello de la misericordia y del olvido, que la formación de un proceso es el medio de castigarlo o averiguarlo, donde no se procede a lo turco,[15] que no puede castigarse lo que ya está perdonado, o, como dicen en la curia, ejecutoriado: contradicción monstruosa que no se salva en Salamanca; pero contradicción que destruye la seguridad social, introduce la desconfianza, rompe los vínculos que unen al súbdito con el gobierno, hollando aquella máxima que dice pacta sunt servanda.[16] Hace muy poco honor al rey, mandar que a los que se han echado de buena fe en el seno de su clemencia, se les vaya sacando de aquella provincia (son palabras de la ley 4, título 4, libro 4 de Indias)[17] por los mejores medios... es decir, con artería y maña, para ponerlos en partes seguras (como si dijéramos en presidios o cárceles). Temamos decir, como el sabio Ruiz Padrón hablando del reglamento inquisitorial, que este código confuso y complicado abunda en artificios, ajenos de la majestad y santidad de las leyes.[18] La violación del salvoconducto (dice Filangieri) “es delito contra el derecho de gentes. La paz es la primera ley de las naciones, así como la guerra es uno de los mayores males. Todo aquello que contribuya para conservar o restablecer la paz en un Estado, debe guardarse, y respetarse escrupulosamente. El salvoconducto, concedido a aquellos que vienen comisionados para tan importante objeto, aunque sea por parte de hombres sublevados contra el legítimo gobierno, hace sus personas sagradas. La violación, pues, del salvoconducto se ha tenido con razón por uno de los más graves y funestos delitos.” ¿Y será posible que pueda apoyarse en ley tan terminante?

   La 61, título 3, libro 3, ya citada, dice: “Si a los vir[r]eyes pareciere que conviene al servicio de Dios y nuestro, desterrar de aquellos reynos, y remitir a éstos (es decir, confinar a dos mil leguas ultramar, ¡niñería!) algunas personas, las hagan salir luego, habiendo procedido judicialmente; y nos remitan la causa fulminada, para que Nos veamos si tuvieron bastantes motivos para su resolución.”[19]

   Estoy seguro de que pocas veces se desaprobaría en el antiguo régimen este procedimiento a un vir[r]ey, puesto que se les autoriza para que procedan aun contra los que hubiesen obtenido perdón de sus delitos. ¡Dura cosa!, que la suerte de cinco y medio millones de habitantes[20] pendiera de un pareciere al vir[r]ey, tan funesto acaso como el principum placita[21] de los emperadores romanos, pocas veces exacto, y ¡siempre sospechoso! Si en los juicios públicos poquísimas veces se triunfa, teniendo al juez prepotente en contra, ¿qué sería en los de pesquisa que en este caso harían los vir[r]eyes, para que en la Corte se aprobase su conducta? ¿Y esperaríamos a que el Consejo hiciera esta calificación, ínterin ya se causó el daño, y se dio el golpe de mano violenta y ejecutiva contra el infeliz americano, arrancándolo de su suelo natal, embargándole sus bienes, haciéndole pasar una navegación larga, enferma y peligrosa, abrumándole a él y a su inocente familia con el peso de la miseria y el oprobio? Observemos ya otros absurdos de no menor magnitud y trascendencia para el Estado.

   La ley 38, título 3, libro I de Indias declara: “Que en las remociones que se hagan a los clérigos de sus beneficios, los prelados den a los vir[r]eyes las causas que tuvieren para hacer cualquier remoción, y el fundamento de ellas; y que éstos los den igualmente a los prelados de las que llegaren a su noticia, para que ambos se satisfagan, y concurriendo los dos en que conviene hacerse la remoción, la hagan y ejecuten sin admitir apelación, guardando en cuanto a esto lo que está ordenado sobre que nuestras audiencias no puedan conocer ni conozcan de los casos y causas, en que los vir[r]eyes y ministros que gobiernan, y los prelados de común consentimiento, hubieren vacado los beneficios, y desposeído de ellos a los sacerdotes que los sirvieren.”[22] Esta disposición la repite la ley 39,[23] inhibiendo a las audiencias del conocimiento de las causas de los sacerdotes despojados por vía de fuerza.

   La Comisión de Inquisición[24] en las Cortes de Cádiz declamó altamente contra la conducta del rey Felipe II, por haber prohibido a los reos de este tribunal el recurso de fuerza.[25] Supuesto el sistema de reserva adoptado en las causas de fe, es más disimulable y menos tiránica la denegación del recurso, que en el de éstas que es público. Así lo conocerá el que perciba lo fácil que es perder a un cura por un auto de concordia, proveído cuando menos lo piense por el vice-patrono y su prelado. Puede muy bien hacerse odioso a entrambas potestades, y el vir[r]ey, con conciencia errónea, deferir a la opinión de un obispo, que tiene a su favor la presunción de justo, descargándose en él; así como el rey protesta que descarga su conciencia en sus prelados y ministros. ¿Con qué razón, pues, se podrá impedir al cura querelloso el recurso de apelación o fuerza que se le irroga con grave daño de su persona, feligresía y estado? ¿Cómo negárselo en materia tan grave, en que se interesa el honor y la fortuna de un hombre público y caracterizado, que obtiene la primera dignidad en la Iglesia? Aun los sacerdotes de la ley antigua recurrían a los ímpios reyes de Siria implorando la restitución del pontificado, no obstante de ser monarcas tiranos, y verdaderos perseguidores del Dios de Israel. Si el auto, llamado de concordia, fuere justo, ¿por qué temen los que lo proveyeron que lo examinen las audiencias?

   No se me diga que el cura despojado no litiga una propiedad, porque el beneficio se le dio ad nutum regis:[26] veamos si este plácito es caprichoso, porque el sic volo[27] es lenguaje de romanos déspotas, con el que mandaban crucificar a un esclavo, porque quebraba un vaso de agua; quitemos ese vendaje formado por sutilezas escolásticas, introducidas de la academia al foro, con que se pretende obscurecer la verdad, adornándola con el arreo de la justicia; entendamos el placito[28] como los ingleses entienden el estatuto de Guillermo III, que dice que la magistratura dure mientras cumplan con exactitud su ministerio...quandiu bene se gesserint,[29] no durante el beneplácito. El cura despojado, o desposeído, se queja del daño que le induce la pérdida de su beneficio y frutos, que lo precipitan a la mendacidad; se queja de la pérdida de su honor deturpado: pérdida efectiva, y tan apreciable como la existencia natural a que está consolidada. Un hecho de esta naturaleza supone probados muchos crímenes. La ley que niega a un querelloso la apelación, súplica o fuerza, lleva consigo la nota de odiosa y el sello de una tiranía descarada.



[1] Santo Oficio. Cf. nota 14 a Auto de Inquisición contra el Suplemento..., en este volumen.

[2] Pedro Canel Acevedo. Escribió Reflexiones críticas sobre la Constitución española, Cortes Nacionales y estado de la presente guerra. Por el capitán Pedro Canel Acevedo, comandante de las Armas del Principado de Asturias. Oviedo, Oficina de Francisco Cándido Pérez Prieto, Impresor del Principado [1812], 199 p. Editó el Sermón de nuestra señora de Covadonga, y de la victoria que con su patrocinio consiguió el infante don Pelayo en las montañas de Asturias. México, Oficina de María Fernández de Jáuregui, 1805. Sermón dedicado al doctor Antonio Torres y Gómez por su exaltación al obispado de Oviedo.

[3] socucho. Rincón. Por extensión casa pequeña. Santamaría, Dic. mej.

[4] San Pablo: “De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre” [...] “ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido: en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, pintados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado á Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.” 1 Co. 5, 1-5.

[5] areópago de Atenas. Colina rocosa que se alza al oeste de la Acrópolis de Atenas, en el que se reunía el antiguo Consejo de Atenas. Según la leyenda los 12 dioses mayores del Olimpo se reunieron allí para juzgar a Ares por haber matado a Hallirotio. En el capítulo XVIII de Los hechos de los apóstoles se dice que en esta colina San Pablo pronunció su discurso en defensa del cristianismo.

[6] Fernández de Lizardi, en El Conductor Eléctrico que incluye el dictamen del doctor Ruiz Padrón contra la Inquisición escribe: “Díganme si no los apasionados de su santa madre la santísima Inquisición [...] ahora que hay libertad de imprenta, ¿qué tienen contra la fe de Filangieri?” Cf. Obras IV-Periódicos, p. 326.

[7] casquilucio. Casquivano.

[8] El bastón es la insignia distintiva de los capitanes generales del ejército o de cualquier superior, con el que se significa su suprema autoridad o potestad; mientras que, en lenguaje familiar, satélite es el nombre que recibe un oficial nuevo de justicia.

[9] La Constitución se ocupa en el título IV del rey: capítulo I De la inviolabilidad del rey y de su autoridad; capítulo II De la sucesión a la Corona; capítulo III De la menor edad del rey, y de la Regencia; capítulo IV De la familia real y del reconocimiento del Príncipe de Asturias; capítulo V De la dotación de la familia real; capítulo VI De los secretarios de Estado y del Despacho; capítulo VII Del consejo de Estado. Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., pp. 80-89.

[10] Artículo 172, fracción 11ª: “No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecuten, serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.” Ibidem, p. 82.

[11] Dionisio de Siracusa. Dionisio el joven, tirano de Siracusa de 367 a 343 a. C. Fue derrocado por su política despótica.

[12] Artículo 171: “Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes: Primera: Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes. Segunda: Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y ampliamente la justicia. Tercera: Declarar la guerra, y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes. Cuarta: Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles a criminales, a propuesta del Consejo de Estado. Quinta: Proveer todos los empleos civiles y militares. Sexta: Presentar para todos los obispados, para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de Real Patronato, a propuesta del Consejo de Estado. Séptima: Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes. Octava: Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales. Novena: Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga. Décima: Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules. Undécima: Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre. Duodécima: Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la administración pública. Décima tercia: Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes. Décima cuarta: Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita. Décima quinta: Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos; y se contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al supremo tribunal de Justicia, para que resuelva con arreglo a las leyes. Décima sexta: Nombrar y reparar libremente los secretarios de Estado y Despacho.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., pp. 80-81.

[13] Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. I, pp. 543-544.

[14] Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. II, p. 560.

[15] proceder a lo turco. Conocemos la expresión “a lo moro”. Al uso de los moros. ¿A la mala?

[16] pacta sunt servanda. Los pactos deben de ser conservados

[17] Libro IV, título 4, ley IV: “Que si fueren bastantes los Predicadores para la pacificacion, no entren otras personas. D.. Felipe II Ordenanza 147 de Poblaciones. En Guadalupe á 1 de Abril de 1580. Donde bastaren los Predicadores del Santo Evangelio para pacificar y convertir los Indios, no se consienta, que entren otras personas, que puedan estorbar la conversion y pacificacion.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. II, p. 13.

[18] Ruiz Padrón. Cf. nota 40 a Inquisición de México, en este volumen. Fernández de Lizardi en El Conductor Eléctrico reproduce a Ruiz Padrón: “No trataré de hacer aquí un extracto del tremendo código inquisitorial por no ser demasiado molesto, lo reservo para hacer después el paralelo; pero este código es tan tenebroso y obscuro como los mismos calabozos del tribunal; código confuso y complicado que abunda de artificios, cavilaciones y tretas vergonzosas muy ajenas de la santidad y majestad de las leyes; código, en fin, que presenta un perfecto sistema de la ilegalidad, más propio para buscar reos que no para averiguar los delitos, donde la inocencia corre peligro a par del crimen; que prescribe los castigos más atroces y que es el espanto y terror de la humanidad. Ésta es puntualmente una rápida idea del código inquisitorial [...]”. Cf. Obras IV-Periódicos, p. 297.

[19] Cf. nota 111 de este folleto.

[20] El 10 de noviembre de 1776 el rey dio la instrucción al virrey Bucareli para hacer el censo general de la Nueva España. La Memoria (1814) de Navarro y Noriega fue el cuadro general más correcto publicado hasta entonces. Navarro fue contador general de arbitrios; corrigió los datos de las memorias de Humboldt y las llevó hasta el año de 1810. Escribe Noriega: “Sin embargo de lo que se recomiendan estas memorias de Humboldt, es preciso conocer que en algunos puntos, especialmente el de la población, no dan una idea tan exacta como pide la instrucción pública; falta que los empeños de aquel autor no alcanzaron a remediar, porque difícilmente puede hacerse en este reino una copiosa reunión de esta clase de noticias, pues se requiere duplicado tiempo y trabajo que en otros países en que los objetos políticos son más atendidos [...] Humboldt, mejorando últimamente sus antiguas observaciones, calculó en 5.837, 100 el número de asistentes en esta Nueva España en el año de 1803.” Cf. León-Portilla, Miguel, et al., Historia documental de México, t. I, pp. 363-364.

[21] principium placita. El gusto de los príncipes.

[22] Bustamante se equivoca en el título que es 6 en lugar de 3. Libro I, título 6, ley XXXVIII: “Ordenamos y mandamos, que lo dispuesto por nuestro Patronazgo acerca de la forma en que se ha de hacer la provision, colacion y canónica institución de los Beneficios, y todo lo demas, se guarde, cumpla y execute, segun y como por las leyes de este título, que hablan en esto, se contiene y declara, sin darle otra interpretacion, ni sentido alguno. Y para lo que toca á las remociones, los Prelados hayan de dar y dén á nuestros virreyes y personas que gobernaren las causas que tuvieren para hacer qualquier remocion y el fundamento de ellas: y que tambien los Virreyes y Gobernadores á quien tocare la presentacion de los Beneficios, las dén á los Prelados de las que llegaren á su noticia, para que ámbos se satisfagan: y que concurriendo los dos en que conviene hacer la remocion, la hagan y executen, sin admitir apelacion, guardando en quanto á esto lo que está ordenado, sobre que nuestras Audiencias no puedan conocer, ni conozcan de los casos y causas en que los Virreyes y Ministros, que gobiernan, y los Prelados de comun consentimiento hubieren vacado los Beneficios y desposeído de ellos á los Sacerdotes que los sirvieren.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. I, pp. 47-48.

[23] Libro I, título 6, ley XXXIX: “Que las Audiencias Reales no conozcan por via de fuerza de las causas de Sacerdotes removidos de las Doctrinas, conforme al Patronazgo. D. Felipe III en San Miguel á 15 de Febrero de 1601. Mandamos á nuestras Audiencias Reales de las Indias, que no conozcan por via de fuerza de los casos y causas de Sacerdotes, á los quales, conforme á nuestro Real Patronazgo, los Virreyes, Presidentes y los demas que la execren, y los Prelados de comun consentimiento hubieren vacado los Beneficios, y desposeídolos de ellos, que por la presente los inhibimos del conocimiento de estas causas.” Ibidem, p. 48.

[24] Para revisar el restablecimiento de la Inquisición se formó una comisión especial formada por Diego Muñoz Tornero, obispo de Mallorca; Antonio Joaquín Pérez, obispo de Puebla; Pablo Valiente y Francisco Gutiérrez de la Huerta. El tribunal habría sido suprimido en diciembre de 1812.

[25] recurso de fuerza. El recurso es la facultad otorgada por la ley a la parte que se considera agraviada por una resolución judicial, para pedir al mismo juez, tribunal o autoridad que la dictó, que la deje sin efecto o la modifique en determinado sentido, o para acudir a otro juez o autoridad superior competente. El recurso de fuerza es el que se interpone ante un tribunal secular, para reclamar la protección contra agravios inferidos por un tribunal eclesiástico.

[26] ad natum regis. Con beneplácito del gobernante.

[27] sic volo. Así quiero. Hoc volo, sic iubeo. “Esto quiero, así lo mando”, verso de la Sátira VI de Juvenal en boca de la mujer que trata de imponer al marido su voluntad. En Las esperanzas de don Antonio siempre el mismo Fernández de Lizardi escribe contra resoluciones judiciales cuya base es “sic volo, sic jubeo.” Cf. Obras XI-Folletos, p. 367.

[28] placito. Esta complacencia

[29] quandiu bene se gesserint. Cuan largamente se condujeran bien.