AGRICULTURA

 

La agricultura ha recibido el mayor impulso por los once artículos de la ley del 8 de junio de 1813.[1] Casi todos los afanes del inmortal Jovellanos[2] se han visto realizados; alégrense sus cenizas con el voto general de la nación, mirando que casi todo su informe de ley agraria pasa ya por ley, y que por medio de ella está felicitándose parte de la península agricultora; y participen de igual satisfacción los manes de Filangieri, cuyo eco repetido por el mismo español se ha oído en el augusto Congreso de Cádiz.[3] Aquellos sabios se desvelaron por nuestra común ilustración, pues en dicha ley del 8 de junio de 1813 acordaron el establecimiento de: economía civil a la posible brevedad; escuelas prácticas de agricultura en todas las capitales de provincia; restitución a su ejercicio de las sociedades económicas de los amigos del país,[4] y creación de ellas donde no se hubiesen planteado; distribución de premios públicamente para la aplicación y circulación de las luces; y distribución gratuita de semillas y plantas que puedan aclimatarse, y que hacen una verdadera riqueza nacional. Finalmente, formación de cartillas rurales para la más pronta y sencilla enseñanza.[5]

   La América se halla en estado de calcular este incomparable beneficio, observando los progresos que hacen aceleradamente las dos únicas academias de La Habana y Guatemala: sus memorias y aumento en la agricultura dan testimonio de esta verdad. La de Guatemala cesó en sus funciones de orden del príncipe llamado de la Paz, y se restituyó a ellas por la Junta Central.[6] En México aún no se ha podido conseguir licencia para un establecimiento igual, a pesar de mil solicitudes. Los votos del célebre poeta Ortega[7] en su oda justamente celebrada, han sido como las canciones que formaba otro para el día en que se sacase una gruesa lotería que esperaba. Los favores dispensados al Colegio de Letrán,[8] a instancias de su infatigable y benemérito rector el señor Arechederreta,[9] hasta ahora se han reducido a señales de honor, como una medalla de oro, y una beca ancha de nueva invención, bordada y recamada de plata; pero tan pesada y molesta, que el que la cargue debe temer mucho una pulmonía. Ahora veremos efectivos estos establecimientos, cuya ventaja no dejó de conocer y recomendar el rey Carlos III por ser notorias; y cuando la sociedad de México se vea al nivel de las primeras de Europa, hará la justicia de confesarse deudora de su existencia a la filantropía de las Cortes de Cádiz. Esta ley ha condenado justamente a la execración y olvido a la 4, título 23, libro I de Indias, que manda no sean admitidos en los colegios seminarios los hijos de los oficiales mecánicos,[10] como si Sófocles no hubiera sido hijo de un herrero; Sócrates, padre de la moral, de un estatuario de Atenas; y Horacio de un liberto y portero del Senado de Roma.[11] Compatriotas, las Cortes os han abierto el templo de la sabiduría: envilecidos artesanos, mandad ya a vuestros hijos a las escuelas, y mirad en ellos otros tantos sujetos destinados para ser el ornamento de la república y de las artes.[12] Decidles a vuestros niños tiernos que la compasión y amor de los legisladores de Cádiz se ha extendido hasta prohibir la pena de azotes en las escuelas de enseñanza,[13] para inspirarles honor, y quitarles ese retraente poderoso que extravió a muchos, y existía como resto de la barbarie de nuestros padres; ya prescribirá el odioso refrán que decía: la letra con sangre entra; entrará con dulzura, con amor y constancia para vencer la pereza que heredamos de nuestros padres delincuentes condenados al trabajo.

   A consecuencia del decreto de 4 de mayo de 1814,[14] que mandó restituir las cosas al estado de 1808, se dispuso por la Real Sala del Crimen de México[15] una picota en aquella plaza pública, que antes no había, donde se hicieron ejecuciones[16] no menos crueles que vergonzosas e infelices. Además de esto, en el pequeño tribunal que se colocó en la plaza de toros,[17] rodeado de porquerones para cuidar del orden, se presentaba el verdugo ejecutor armado con su látigo, como los lictores de Roma con sus hachas, para azotar allí mismo al que cometiese alguna falta, sin respetar el público espectador. Si hubiéramos visto ejecutar igual sentencia en un pueblo de indios serranos, quizás no habríamos tenido la indulgencia necesaria para perdonarles exceso tamaño y tan opuesto a la pureza de las costumbres, de que todo gobierno, sea el que fuere, debe cuidar. ¿Cómo sería, pues, disimulable en el que proclamaba poseer todos los caracteres de sabio y morigerado? Compárese ya la prudencia y humanidad de los legisladores de Cádiz con esta odiosísima práctica. ¿Y luego se exigirá heroísmo y elevación de sentimientos en un pueblo envilecido hasta este punto?; ¿y se le echarán en cara las bajezas que son consiguientes a la degradación, con un régimen sistemado por tres siglos? ¡Bah! Las grandes ideas no tienen lugar entre las rabias de la deseperación, entre las amenazas de la fuerza, entre el abatimiento, la bajeza y la ignominia de la esclavitud, y del palo amenazador de la tiranía. Si es cierto que el señor conde del Venadito desaprobó esta conducta,[18] su nombre se hará lugar en la sincera gratitud de los buenos mexicanos, que lloraron en silencio esta desaforada demasía.

 

 

LIBERTAD DE IMPRENTA[19]

 

Restituidos al goce de nuestros derechos, el artículo 371 declara que: “los españoles tienen licencia de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.”[20] Esta declaración ha costado tantos debates hacerla, como la del artículo 8,[21] y la extinción del Santo Oficio.[22] La sola voz de libertad de imprenta ha conmovido hasta los cimientos del viejo alcázar del despotismo; ha sacudido fuertemente el tronco de la vieja encina y ha puesto pavor en el corazón de los déspotas e ignorantes; en unos, porque temen que sus crímenes se hagan manifiestos al mundo, tornándolos en objetos de execración; y en otros, porque han creído que autoriza a la maledicencia para detraer impunemente a la sombra de las leyes protectoras del honor de los ciudadanos.[23] Sobre esto nos vemos precisados a detenernos, para que la clase de gente, para quien escribimos, entienda lo que ha ganado con la libertad de la imprenta tan cuestionada, y que en ella no hay los inconvenientes que la malignidad ha figurado.

   Que un hombre pueda decir a otros sus defectos, cuando se vea precisado a sincerarse de los que le imputa, es cosa que entra en el orden de una defensa justa, porque además de contener al malvado en su agresión, sirve para que se mejore, temeroso de caer en la terrible indignación de la sociedad en que vive, y he aquí por qué la ley de partida (I, título 9, partida 7) dice: “Pero si aquel que deshonrase a otro por tales palabras, o por otras semejantes de ellas, et le otorgase, et quisiese demostrar que es verdad aquel mal que le dijo de él, non cae en pena alguna, si lo probare; e esto por dos razones: la primera es, porque dijo la verdad; e la segunda es, porque los facedores del mal se recelen de lo facer, et por el escarnio que reciben.”[24] La ley última del título 3, partida 7,[25] no manda encarcelar al que sindica las operaciones del rey y de su gobierno, sino conducirle a su presencia a dar razón de su dicho y exponer los fundamentos de su queja. “Si alguno hablare mal de nos (decía uno de los poco buenos emperadores romanos) o lo hará por queja que tenga, o por locura: si por queja, óigasele; y si por locura, cúresele, y compadézcasele.” Éste es el lenguaje de la filosofía; pero lenguaje que no se ha querido oír en nuestros tiempos. El que en el retiro de su gabinete (dice el autor de los juicios arbitrarios) descubre los defectos del gobierno, y escribe sobre los medios de desterrarlos es útil y celoso patriota, y no enemigo del gobierno. Y, por último, el que deseando fijar una regla constante para su conducta personal, apunta y compara opiniones, pesa los argumentos, balancea las probabilidades y apura las razones de convencimiento no es un hombre vitando[26] ni sospechoso en ningún concepto, sino un sabio apreciable que, venciendo la pereza del espíritu, causa primitiva del embrutecimiento de mucha parte de la especie humana, se entrega a la penosa y laudable tarea de descubrir la verdad para apreciarla y recibirla por su guía y maestra. El que prohíbe que se discurra sobre lo que propone, poco satisfecho se halla de la solidez y utilidad de su propuesta; y el que apetece por súbditos puras máquinas es indigno de gobernar hombres. Si los tiranos no fueran por lo regular ignorantes, alargarían su reinado, dejando a sus esclavos murmurar de ellos. Los hombres disipan con las palabras casi toda su cólera; alivian de peso a su corazón, cuando pueden quejarse y se quejan con libertad; y aguantan mucho, como se les permita hablar.

   Según estos principios, es fácil cosa calificar qué concepto merezca el magistrado que haya perseguido a un hombre de bien, porque ha pedido la observancia del artículo 375 de la Constitución,[27] que lo ha pedido bajo la seguridad de esta misma ley sacrosanta, que se acababa de jurar a presencia del Dios de la majestad, que por ésta (y no otra causa antecedente, pues vivía tranquilo en el seno de la familia) se le persiguió de muerte, se trató de encarcelarlo, se le estrechó a la fuga, se le expatrió, se le simó después en un calabozo con absoluta incomunicación por trece meses, hasta de su esposa, se le redujo al extremo de pedir limosna, y finalmente se le colocó al borde del sepulcro, aquejado de mil dolencias mortales.[28] Hombres buenos, posteridad justa e inexorable, pronunciad vuestro fallo.

   No han querido entender de este modo la libertad de la imprenta los que la prohibieron en días en que más que nunca era necesaria; cuando debía hablarse al entendimiento para ilustrarlo, y sacar del hombre todo el partido que es posible de su racionalidad.

   Las leyes contienen la procacidad de los escritores, y para eso se ha establecido un Tribunal de Censura,[29] el que pone coto a la mordacidad, ata las manos del impío para que no propague el veneno; y cuando estas leyes no basten a contenerlo, queda sobradamente reprehendido y burlado con la censura de los sabios y del público que lo detesta.

   Está concedida (dice el señor cardenal de Borbón en su preciosa pastoral de 15 de marzo de 1820)[30] la libertad de proponer planes y proyectos de bien, y la de dirigir la opinión pública a este mismo objeto de palabra y por escrito; pero no está concedida la licencia de insulto personal, ni de palabra, ni por escrito. Avergoncémonos de tan absurda idea. A nadie le es permitida la calumnia, el falso testimonio, ni otras injurias personales, por escrito o de palabra. Nuestra santa religión lo prohíbe, y nuestra Constitución política, que hemos jurado cumplir, aborrece estas maldades indignas del honor, del decoro y de la nobleza del nombre español, que se ha de arreglar a las máximas de Jesucristo.

   Así ha de ser atendida también la libertad de imprenta para el bien religioso civil, exenta de las frivolidades, de los sarcasmos y de las injurias; que brille por ella la pública utilidad; que se generalice la sana moral; que se difunda la luz del Cielo en todos los entendimientos, y las justas ideas políticas, económicas, estadísticas, científicas, y de las artes y oficios, para crear hombres de saber, de virtud, y de buena fe.

   Tal es la idea que nos presenta de la libertad de la imprenta este prelado benemérito, cuyo razonamiento he preferido por su belleza, precisión, candor, y unción, que le comunican las virtudes que lo adornan, y que lo han sostenido en la común desgracia.

   Tendamos ya la vista sobre las ventajas que desde luego nos proporciona la libertad de imprenta, y cotéjemos esta ley con las antiguas de Indias. Ha sido grande el obstáculo que nos ha puesto la ley I, título 24, libro I de Indias, que manda “no se imprima libro alguno sin ser visto ni aprobado por el Consejo de Indias.”[31] Ley funesta, por la que yacen innumerables manuscritos en el polvo y olvido, relativos principalmente a la verdadera historia de Indias, que tanto importa saber a la nación española; ley por la que primero vio Roma la historia de las Californias del padre Clavijero[32] que la corte de Madrid, ni la de Messico[33] del mismo sabio autor; y por la que corre a sombra de tejado manuscrita, y sólo hay en México tres ejemplares; ley por la que no se ha dejado continuar la historia del Nuevo Mundo de don Juan Bautista Muñoz,[34] de quien creo que si el resto de ella está escrita con la delicadez del primer tomo, merecerá ser leída en las Cortes con el mismo aplauso que lo fue la de Herodoto en la asamblea de los juegos olímpicos de la Grecia, y después en Atenas.[35] Ley en fin por la que está igualmente inédita la historia del padre Vega,[36] franciscano, cuyos volúmenes he visto en la Secretaría del Virreinato. La publicación de tantas preciosidades la pide el honor de la nación española, y la ansían los sabios. No nos admiremos, pues, de que entre nosotros haya tan pocos escritores, cuando nuestra literatura ha estado al nivel de la Península, aunque ha estado atada con tan fuertes amarras. Sólo se han permitido publicar vaciedades y sermonicos, colocándose entre aquellas no pocas inepcias de la Biblioteca del señor Beristáin,[37] escritor apasionado, y por lo que ha omitido artículos, que decían relación a sujetos, con cuyas opiniones estaba opuesto: escritor avezado con la más descarada y rastrera adulación. Cada obra costaba sumas crecidas para su impresión. Dábanse muchos ejemplares a la Inquisición, provisorato, virrey, oidores y alcaldes, censores, y otros muchos manipulantes,[38] por lo que los editores no utilizaban cosa; esto es, cuando se concedía licencia, después de un largo expediente, y de que un reverendo aprobante hacía una censura larguísima, encabezando en ella sus dictados para que la posteridad supiese si había sido presentado, maestro, portero, hortelano o hebdomadario. ¡Válgame Dios, y el espectáculo de sandeces que hemos presentado a la culta Europa! Me avergüenzo al contemplar tanta degradación, y me admiro de que no hayamos rebuznado en tres siglos; mas no me admira que el señor obispo Fuero[39] trajese de España un crecido cargamento de cartillas, catones[40] y zapatos; pudo también traernos herraduras. Estas cadenas estaban tan fuertemente echadas a nuestra ilustración, que aun en los días de la libertad de imprenta pasada reclamaron algunos personajes imperiosamente sus ejemplares, como si en la libertad de imprenta no entrase también la libertad de tan ominoso feudo; tales resabios engendra la posesión de mandar. Las Cortes, en lugar de los veinte ejemplares que pedía el Consejo de Indias, se contentan con dos para la Biblioteca Nacional;[41] daréselos yo de bonísima gana y también las gracias, porque dieron libertad a nuestras plumas: loor eterno a su sabiduría, y a la liberalidad de sus principios.

 

 


[1] Bando del virrey Calleja con el real decreto de 8 de junio de 1813 sobre fomento de la agricultura y ganadería. “DON FÉLIX MARÍA CALLEJA DEL REY, [...] se me ha comunicado en Real Orden de 19 de junio último, el Real Decreto que sigue. ‘Queriendo las Cortes Generales y Extraordinarias proteger el derecho de propiedad, y que con la reparación de los agravios que han sufrido logren al mismo tiempo mayor fomento la agricultura y ganadería, por medio de una justa libertad en sus especulaciones y por la derogación de algunas prácticas introducidas en perjuicio suyo, decretan: 1. Todas las dehesas, heredades y demás tierras de cualquiera clase pertenecientes á dominio particular, ya sean libres ó vinculadas, se declaran desde ahora cerradas y acotadas perpetuamente, y sus dueños ó poseedores podrán cerrarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamente ó arrendarlas como mejor les parezca, y destinarlas á labor ó á pasto, ó á plantío ó al uso que mejor les acomode; derogándose por consiguiente cualesquiera leyes que prefijen la clase de disfrute á que deban destinarse estas fincas, pues se han de dejar enteramente al arbitrio de sus dueños. 2. Los arrendamientos de cualesquiera fincas serán también libres á gusto de los contratantes, y por el precio ó cuota que se convengan. Ni el dueño ni el arrendatario de cualesquiera clases podrán pretender que el precio estipulado se reduzca á tasación, aunque podrán usar en el caso del remedio de la lesión y engaño conforme á las leyes. 3. Los arrendamientos obligarán del mismo modo á los herederos de ambas partes. 4. En los nuevos arrendamientos de cualesquiera fincas, ninguna persona ni corporación podrá, bajo pretexto alguno, alegar preferencia con respecto á otra que se haya convenido con el dueño. 5. Los arrendamientos de tierras ó dehesas ó cualesquiera otros predios rústicos por tiempo determinado, fenecerán con éste sin necesidad de mutuo desahucio y sin que el arrendatario de cualquiera clase pueda alegar posesión para continuar contra la voluntad del dueño, cualquiera que haya sido la duración del contrato; pero si tres días ó más después de concluido el término, permaneciese el arrendatario en la finca con aquiecencia del dueño, se entenderá arrendada por otro año con las mismas condiciones. Durante el tiempo estipulado se observarán religiosamente los arrendamientos; y el dueño, aun con el pretexto de necesitar la finca para sí mismo, no podrá despedir al arrendatario, sino en los casos de no pagar la renta, tratar mal la finca ó faltar á las condiciones estipuladas. 6. Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán á voluntad de las partes, pero cualesquiera de ellas que quiera disolverlos podrá hacerlo así, avisando á la otra un año antes, y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo haya sido muchos años, derecho alguno de posesión, una vez desahuciado por el dueño. No se entienda sin embargo que este artículo hace novedad alguna en la actual Constitución de los foros de Asturias y Galicia y demás Provincias que estén en igual caso. 7. El arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar el todo ni parte de la finca sin aprobación del dueño; pero podrá sin ella vender ó ceder al precio que le parezca, alguna parte de los pastos ó frutos, á no ser que en el contrato se estipule otra cosa. 8. Así en las primeras ventas como en las ulteriores ningún fruto ni producción de la tierra, ni sus ganados ni sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las obras del trabajo ó industria, estarán sujetas á tasas ni posturas, sin embargo de cualesquiera leyes generales ó municipales. Todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que más acomode á sus dueños, con tal que no perjudiquen á la salud pública; y ninguna persona, corporación ni establecimiento tendrá privilegio de preferencia en las compras; pero se continuará observando la prohibición de extraer á países extranjeros aquellas cosas que actualmente no se pueden exportar, y las reglas establecidas en cuanto al modo de exportarse los frutos que pueden serlo. 9. Quedará enteramente libre y expedito el tráfico y comercio interior de granos y demás producciones de unas á otras provincias de la Monarquía, y podrán dedicarse á el los ciudadanos de todas clases, almacenar sus acopios dónde y como mejor les parezca, y venderlos al precio que les acomode, sin necesidad de matricularse ni de llevar libros, ni de recoger testimonios de las compras. 10. En ningún caso ni por ningún título se podrá hacer ejecución ni embargo de las mieses que después de segadas existan en los rastrojos ó en las eras, hasta que estén limpios y entrojados los granos; pero se podrá poner interventor cuando el deudor no tenga arraigo y no dé fianza suficiente. Hasta la misma época, y mientras los granos existan en las eras, no permitirán los Alcaldes y Ayuntamientos de los pueblos que se hagan en ellas cuestaciones ni demandas algunas de granos, por ninguna clase de personas, ni aun por los religiosos de las órdenes mendicantes. 11. Se observará puntualmente todo lo demás que se haya prevenido por las leyes á favor de los labradores y ganaderos en cuanto no sea contrario á lo que se manda en este Decreto.’” Cf. La Constitución de 1812..., t. II, pp. 120-123.

[2] Melchor de Jovellanos escribió “Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria, extendido por el autor en nombre de la Junta encargada de su formación”. La Sociedad Económica de Madrid encargó en 1778 que Jovellanos extendiera un informe sobre el expediente de ley Agraria. Trabajó en él hasta 1794, fecha en que remitió su obra a las Sociedad, que la publicó al año siguiente en casa de Sancha. Es la obra económica más importante de Jovellanos. Se reprodujo varias veces pero con la misma fecha, por temor a la censura, que en aquella época comenzó a mostrarse rígida en demasía. Se hizo una nueva impresión en 1820, purgada por la Sociedad. Cf. Jovellanos, Obras escogidas, t. I, Madrid: Espasa-Calpe, 1955 (Clásicos Castellanos).

[3] Congreso de Cádiz. Cf. nota 13 a El Pastor del Olivar..., en este volumen.

[4] Sociedades Económicas de Amigos del País. Las Sociedades de Amigos del País se fundaron con el fin de fomentar la industria, el comercio y la agricultura, las artes y las ciencias. La primera fue la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del país, fundada por Javier María Munibe de Idiáquez, conde de Peñaflorida, recibió licencia real en 1765. En 1773 la Sociedad Bascongada tenía 183 socios en las colonias, de los cuales 142 tenían su residencia en Nueva España. La participación de socios de este virreinato fue siempre la más importante del total en América. En 1789 existían 56 diferentes Sociedades de Amigos del País. En las colonias americanas se hicieron varios intentos por fundar sociedades económicas independientes. En 1787 se autorizó la instalación de una sociedad en Santiago de Cuba. Robert Jones Shafer (The Economic Societies in the Spanish World (1763-1821), Syracuse, Syracuse University Prees, 1958) ha señalado que desde entonces hasta 1819 se fundaron por lo menos 14 sociedades en América. Cf. Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España, pp. 40-41.

[5] Bando del virrey Calleja con el real decreto de 8 de junio de 1813 sobre establecimiento de cátedras de Economía Civil y escuelas prácticas de Agricultura. “DON FÉLIX MARÍA CALLEJA DEL REY [...] Por el Supremo Ministerio de la Gobernación de Ultramar se me ha comunicado en Real Orden de 20 de junio último el Real Decreto que sigue: ‘Las Cortes Generales y Extraordinarias, ocupadas en procurar todo el beneficio posible á la agricultura y demás ramos de la industria, que constituyen principalmente la felicidad de la Nación, y bien convencidas de que la ilustración de los que se dedican á ellos, y la protección y auxilios que el Gobierno le dispensa, son los medios más a propósito para fomentarlos, decretan: 1. En todas las Universidades de la Monarquía se establecerán lo más pronto que sea posible, cátedras de Economía Civil. 2. En todos los pueblos principales, cuyas circunstancias lo requieran, ó por o menos en todas las capitales de provincias, se establecerán escuelas prácticas de Agricultura, dotadas de los fondos municipales de los respectivos distritos. 3. Las Cortes, oyendo por medio del Gobierno á la Dirección General de Estudios, arreglarán el plan que deba observarse en unos y otros establecimientos. 4. Se pondrán en activo ejercicio las sociedades económicas de Amigos del País donde se hallen establecidos, y se establecerán otras en las capitales de Provincia y pueblos principales en que no las haya. El Gobierno y las Diputaciones Provinciales excitarán y protegerán el celo de los ciudadanos ilustrados para que las formen ó se adscriban á las ya formadas, dejando á los mismos socios la facultad de elegir los oficios de la Sociedad y las personas que en lo sucesivo se hagan dignas de ser admitidas en ellas por su instrucción ó méritos. 5. Estas Sociedades no ejercerán especie alguna de autoridad y se reducirán sus funciones á la formación de cartillas rústicas acomodadas á la inteligencia de los labradores y á la circunstancia de los países, á la producción de memorias y otros escritos oportunos para promover y mejorar la agricultura y cría de ganados, y las artes y oficios útiles; á la publicación y explicación de los secretos y máquinas que puedan ser convenientes; á la distribución gratuita de semillas y plantas que puedan aclimatarse; á proponer y distribuír públicamente algunos premios para excitar la aplicación y circulación de luces, y á ilustar á las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con sus observaciones en beneficio de estos ramos. 6. Las Cortes, á propuesta de las Diputaciones Provinciales, por medio del Rey ó la Regencia, señalarán los arbitrios oportunos para los gastos que necesite cada Sociedad y los premios que haya de distribuír.” Cf. La Constitución de 1812..., t. II, pp. 123-124.

[6] Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, bajo la presidencia del conde de Floridablanca se formó en Aranjuez el 25 de septiembre de1808.

[7] Francisco Ortega y Martínez (1793-1849). Abogado, político, dramaturgo; se opuso a Iturbide como diputado al primer Congreso. De 1834 a 1841 fue senador. Autor del drama México libre (1821). El Noticioso General publicó algunas de sus poesías en 1819.

[8] Colegio de Letrán. Colegio de San Juan de Letrán, fundado en 1529 para jóvenes mestizos, al lado de la capilla de San José de los Naturales. En 1551 se funda la Universidad, a la que se incorporará por gestiones iniciadas en 1588. “Según las propias Constituciones, el Colegio de San Juan de Letrán no es una escuela en donde se imparten primeras letras exclusivamente; su nivel alcanza hasta la Gramática Latina. No tenía las pretensiones de los demás colegios, al no tener en su seno cátedras de Retórica y Artes; tampoco se le ha de subestimar por contener en su plan de estudios la enseñanza de los rudimentos de lectura y escritura. Mucho menos por su pobreza, y por la de sus acogidos. La finalidad que le dio su fundador lo coloca en una situación única de beneficio práctico y lo acerca a nuestro sistema educativo de hoy en día, aún más, conserva superioridad en algunos aspectos.” Desapareció en 1857. Cf. José Luis Becerra López, La organización de los estudios en la Nueva España, México: Editorial Cultura, 1963, p. 88.

[9] Juan Bautista Arechederreta y Escalada (1771-1836). Doctor prebendado de la Iglesia Metropolitana de México, vicario general de los conventos de monjas, rector del Colegio de San Juan de Letrán. Fue canónigo de la Colegiata y cronista. Fernández de Lizardi cita su nombre en sus periódicos Conversaciones del Payo y el Sacristán, t. I, núm. 24, Obras V-Periódicos y en Correo Semanario de México, núm. 2, Obras VI-Periódicos.

[10] Libro I, título 23, ley IV. Se trata de la ley III no de la IV. “Que para los Seminarios sean preferidos los que se declara, y que personas no se han de admitir. D. Felipe II en Tordesillas á 22 de Junio de 1592. D. Felipe III allí á 12 de Junio y en Valladolid á 30 de Agosto de 1603. D. Felipe III en Granada á 4 de Abril de 1624. En la provision de sujetos que han de hacer los Prelados para Colegiales de los Seminarios, prefieran en igualdad de méritos á los hijos de los descendientes de los primeros descubridores, pacificadores y pobladores de aquellas Provincias, gente honrada, de buenas esperanzas y respetos, y no sean admitidos los hijos de Oficiales mecánicos, y los que tuvieren las calidades necesarias para Órden Sacerdotal y provisión de Doctrinas y Beneficios.” Ley IV: “Que de los Seminarios asistan cada dia quatro Colegiales á los Divinos Oficios, y las Fiestas seis. D. Felipe IV en Alcoba a 12 de Noviembre de 1622. Porque las principales rentas de que se sustentan los Seminarios están situados en los de las Iglesias Catedrales, encargamos a los Arzobispos y Obispos que ordenen y hagan que de los Seminarios asistan á las Iglesias todos los dias quatro Colegiales, y en las Fiestas solemnes seis, para que sirvan en ellas a los Divinos Oficios, no obstante que algunos Seminarios estén á cargo y administración de qualesquier Religiosos”. Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. I, pp. 210.

[11] Sófocles fue hijo de un rico industrial, probablemente naviero, llamado Sofilo. El padre de Sócrates, llamado Sofronísco era estatuario y su madre, Fenareta, comadrona. El padre de Horacio era liberto y recaudador de arbitrios.

[12] Respecto a esto Fernández de Lizardi escribe en El Periquillo Sarniento, cap. III, t. I, que el padre de Periquillo elogia los oficios mecánicos y desea que éste pertenezca a algún gremio, contra la vulgar idea de que no eran propios para los hijos de los nobles. Más adelante, en el primer capítulo del tomo II se discute sobre los maestros y aprendices, sobre los abusos y obligaciones de aquéllos. Cf. Obras VIII-Novelas, pp. 76-82 y Obras IX-Novelas, pp. 5-26 respectivamente. Véase también nota 27 de este folleto.

[13] Por decretos de 17 de agosto y 8 de septiembre de 1813 y 4 de junio de 1820, se abolieron los azotes, ya como pena, ya como medida correccional en escuelas, colegios y otros establecimientos. Cf. nota 11 a Preguntillas sueltas, en este volumen. La Constitución se ocupa de la instrucción pública en el título IX, en su capítulo único con los artículos 366 a 371; en lo relativo a escuelas de primeras letras, dos se ocupan de ellas en los siguientes términos: “Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá a también una breve exposición de las obligaciones civiles. Artículo 369. Habrá una dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 102 y Alejandro Mayagoitia y Hagelstein, “De real a nacional: el ilustre Colegio de Abogados”, en La supervivencia del derecho español..., p. 415.

[14] Decreto de 4 de mayo de 1814. “Bando del Virrey Calleja con la Real orden de 24 de mayo de 1814 y Real Decreto de 4 del mismo mes, referentes á la abolición de la Constitución y al restablecimiento del absolutismo. DON FÉLIX MARÍA CALLEJA DEL REY [...]. Por el Correo de Veracruz que llegó á esta capital la tarde del día 11 de este mes, recibí correspondencia oficial de la Península, en la que los Exmos, Señores Duque de San Carlos, Primer Secretario de Estado, Encargado del Despacho de la Guerra, y D. Miguel de Lardizábal y Uribe, del de la Gobernación de Ultramar, me dirigieron la Real Orden y Decreto de nuestro católico Soberano el Sr. D. FERNANDO VII, Que Dios Guarde, que á la letra son como sigue: ‘Exmo. Señor.— Por el Real Decreto de 4 del corriente de que incluyo á V. E. 12 copias, y que de orden de S. M. hará V. E. Circular en el territorio de su mando, se enterarán esos habitantes del extraordinario beneficio con que la Divina Providencia acaba de premiar los esfuerzos de la más leal y más valiente de todas las naciones, restituyéndole después de un largo cautiverio al más amado de los Reyes. [...] S. M. está resuelto á enmendar los agravios que hayan podido ó servido de pretexto á los alborotos [...] S. M. conocida la verdad, se colocará en medio de sus hijos de Europa y de América y hará cesar la discordia que nunca se hubiera verificado entre hermanos sin la ausencia y cautiverio del padre. [...] en el Real Decreto que acompaño á V. E. y que S. M.. ha dado al tomar las riendas del Gobierno, hace conocer que la pretendida Constitución política de la Monarquía promulgada en Cádiz por las llamadas Cortes Generales y Extraordinarias en 19 de marzo de 1812, fue obra de personas que de ninguna provincia de la Monarquía tenían poderes para hacerla; y los que se suponían diputados por América en aquellas Cortes ilegítimas, habían sido por la mayor parte elegidas en Cádiz, sin que las provincias, de las cuales se intitulaban apoderados, tuviesen parte en tales elecciones, ni aun siquiera noticia de que se trataba de hacerlas. [...] ha querido S. M. que preceda esta declaración, en que ratifica la que contiene su Real Decreto de 4 de este mes [...] Por tanto, habiendo oído lo que unánimemente me han informado personas respetables por su celo y conocimientos y lo que acerca de cuanto aquí se contiene se me ha expuesto en representaciones que de varias partes del Reino se me han dirigido, en las cuales se expresa la repugnancia y disgusto con que, así la Constitución formada en las Cortes Generales y Extraordinarias, como los demás establecimientos políticos de nuevo introducidos, son mirados en las Provincias: los perjuicios y males que han venido de ellos y se aumentarían si yo autorizase con mi consentimiento y jurase aquella Constitución; conformándome con tan decididas y generales demostraciones de la voluntad de mis pueblos, y por ellas justas y fundadas, declaro que mi Real ánimo es no solamente no jurar ni acceder á dicha Constitución, ni á decreto alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas, á saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la Constitución y las leyes en que de largo tiempo la Nación ha vivido, sino el declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen del medio del tiempo; y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición á cumplirlos ni guardarlos; y como el que quisiese contenerlos y contradijere esta mi real declaración, tomada por dicho acuerdo y voluntad, atentaría contra las prerrogativas de mi soberanía y la felicidad de la nación, y causaría turbación y desasosiego en mis reinos, declaro reo de lesa Magestad á quien tal osare ó intentare que como á tal se le imponga la pena de la vida, ora lo ejecute de hecho, ora por escrito ó de palabra moviendo é incitando ó de cualquiera modo exhortando y persuadiendo á que se guarden y observen dicha Constitución y Decretos. Y para que, entretanto que se restablece el orden y lo que antes de las novedades introducidas se observaba en el Reino, acerca de lo cual sin pérdida de tiempo se irá proveyendo lo que convenga, no se interrumpa la administración de justicia, es mi voluntad que entretanto continúen las justicias ordinarias de los pueblos que se hayan establecidas, los Jueces de Letras á donde los hubiere y las Audiencias, Intendentes, y demás Tribunales de Justicia en la administración de ella; y en lo político y gubernativo, los Ayuntamientos de los pueblos, según de presente están y entretanto que se establece lo que convenga guardarse, hasta que oídas las Cortes que llamaré se asiente el orden estable de esta parte del Gobierno del Reino [...].” Cf. La Constitución de 1812..., t. II, pp. 148-157.

[15] Real Sala del Crimen. Cf. nota 6 a Carta de los Guadalupes a don José María Morelos. Marzo 3, 5 y 6 de 1813, en este volumen.

[16] Plaza de Mixcalco. Cf. nota 22 a Calendario, en este volumen.

[17] Plaza de toros. Se hicieron corridas de toros de forma más o menos frecuente en: la Plaza Mayor, en donde se hizo la primera corrida el 21 de agosto de 1529, para conmemorar el octavo aniversario de la caída de Tenochtitlán. De 1554 a 1810 se jugaron toros en la Plaza del Volador, en el lugar que hoy ocupa el Palacio de Justicia. En el siglo XVIII hubo plazas en Guardiola, en el lugar del Quemadero de la Inquisición (frente a la actual calle de Dr. Mora), en San Lucas, en San Pablo, en Tarasquillo (Plaza Santos Degollado). En 1778 se edificó la Plaza de San Pablo, que fue demolida en 1860. En 1815 se inauguró la Plaza del Paseo Nuevo, que derribaron en 1873.

[18] Juan Ruiz de Apodaca (1754-1835). 61° virrey de la Nueva España (1816-1821). Marino español; teniente general de la Real Armada y capitán general de Cuba, embajador de España en Inglaterra, fue destituido del cargo de virrey el 5 de julio de 1821. Hombre instruido como lo demuestra su opúsculo sobre la aplicación de los pararrayos a los buques. Obtuvo el título nobiliario de Conde del Venadito por su campaña contra Mina. En Nueva España contuvo a los monopolistas, fijando el costo del maíz y socorrió a los miserables. En El indio y la india del pueblo de Actopan se lee: “Empezaron a gretar,/ todos cuantos ayí estabas,/ y a dicir: que Viva, Viva/ la Constetución amada,/ veva noestro grande rey,/ porque a sus vasayos manda/ [...]/ viva noestro degno jefe/ do Juan Ruiz de la Podaca/ que obedeció este grande orden/ que trajiero desde España”, cf. Obras X-Folletos, p. 252. También Fernández de Lizardi le repudió no apoyar la libertad de imprenta, en Respuestillas sueltas de El Pensador Mexicano se lee: “estamos en el año de [18]20, [...] el rey ha jurado solemnemente la Constitución que está al frente [...] para hacerla observar el señor Apodaca, que tantas pruebas nos ha dado de su adhesión a este nuevo sistema de gobierno.” Ibidem, p. 274. Varios folletos lizardianos sostendrían esta constitucionalidad virreinal: Primer y Segundo cuartazo(s) al Fernandino, Justa defensa del excelentísimo señor virrey de la Nueva España, Dar que van dando, No rebuznó con más tino el pobre alcalde argelino.

[19] libertad de imprenta. Cf. nota 19 a Sermón político-moral, en este volumen.

[20] Artículo 371. Cf. nota 11 a Comunicación de don Félix María Calleja..., en este volumen.

[21] Los artículos 8 y 9 señalan como obligaciones de todo español, sin distinción alguna, “contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado” y la de “defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 61.

[22] Santo Oficio. Cf. nota 14 a Auto de Inquisición contra el Suplemento..., en este volumen.

[23] Cf. nota 9 de este folleto.

[24] Ley de Partida I, título 9, partida 7, dice: “Qué cosa es deshonra, et quántas maneras son della. Injuria en latin tanto quiere decir en romance como deshonra que es fecha ó dicha á otri á tuerto ó á despreciamiento dél. Et como quier que muchas maneras son de deshonra, pero todas descenden de dos raices: la primera es de palabra; la segunda de fecho. Et de palabra es asi como si un hombre denostase á otro ó le diese voces ante muchos, faciendo escarnio dél ó poniéndole algunt nombre malo, ó diciendo en pos dél palabras atales onde se toviese el otro deshonrado. Eso mismo decimos que serie si ficiese esto facer á otros asi como á los rapaces ó á otros qualesquier. La otra manera es quando dixiese mal del ante muchos, razonándolo mal, o enfamándolo de algunt yerro o denostándolo. Eso mismo serie si dixiese algunt mal dél á su señor con entención de facerle tuerto ó deshonra, ó por facerle perder su merced. Et de tal deshonra como esta puede demandar emienda aquel á quien la ficieren tambien si non estudiese delante quando le ficieron la deshonra, como si estudiese presente. Pero si aquel que deshonrase á otro por tales palabras ó por otras semejantes dellas, las otorgase et quisiese probar que es verdat aquel mal que dixo dél, non cae en pena ninguna si lo probare. Et esto es por dos razones: la primera porque dixo verdat: la segunda porque los facedores del mal se rezelen de los facer por el afruento et por el escarnio que recibieron dél.” Cf. Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio. Cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, pp. 574-575.

[25] Ley de partida IX, título 3, partida 7 dice. “Cómo el rey debe dar juicio en razon de riepto quando el reptado non viene al plazo quel fue puesto. Dar debe el rey juicio contral reptado si non quisiere venir al plazo quel fue puesto, en esta manera, faciéndolo reptar ante sí otra vez por corte, et diciendo el que lo fizo emplazar la razon por que lo riepta et el yerro que fizo, mostrando los plazos quel fueron puestos et como non vino á ellos, et contando todo el fecho como pasó; et desque lo hobiere contado debe pedir merced al rey que faga hi aquello que entendiere que debe facer de derecho. Et el rey quando hobiere á dar la sentencia debe facer muestra quel pesa, et decir, asi por su corte: Sabedes ya como fulan caballero ó fijodalgo fue emplazado que viniese á oir el riepto, et hobo plazos á que se podiere venir á defenderse si quisiera segunt que los habie haber de derecho; et tan grant fue la su mala ventura, que non hobo vergüenza de Dios nin de nos, nin rezelo de deshonra de sí mismo, nin de su linaje nin de su tierra, nin se vino defender nin se envió excusar de tan grant mal como este que oyestes de quel reptaron. Et como quier que nos pesa de corazon en haber á dar tal sentencia contra home que fuese natural de nuestra tierra, pero por el lugar que tenemos de complir la justicia, et porque los homes se rezelen de facer tan grant yerro et tan grant mal como este, dámoslo por traidor ó por alevoso: et mandamos que do quier que sea fallado de aquí adelante quel den muerte de traydor ó de alevoso, segunt que merece por tal yerro como este que fizo.” Ibidem, p. 549.

[26] vitando. Odioso, execrable

[27] El artículo 375 de la Constitución dice: “Hasta pasados ocho días después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 103.

[28] Las referencias de Bustamante son al caso de Fernández de Lizardi y las penurias de su encarcelamiento, en una carta de súplica al virrey Calleja, Lizardi escribe: “ [...] vea vuestra excelencia hasta dónde llega mi desgracia, y que es cierto (como dice el vulgo) que a quien se le quiere dar vida, se le da. [...] Cuando solicité de vuestra excelencia la gracia que me concedió estaba mi esposa gravemente enferma; ya está algo aliviada, pero yo deseaba este desahogo, así por ver a mi familia, como por ver qué arbitrios daba para nuestra subsistencia, pues en cinco meses de prisión ya estamos pereciendo. Seis personas dependen de mí, y ya conocerá vuestra excelencia que más hace un hombre un rato personalmente, que escribiendo papeles de mendigo.” Cf. Obras XIV-Miscelánea, p. 436. Fernández de Lizardi estuvo en prisión siete meses, de diciembre de 1812 a junio de 1813.

[29] Junta de Censura. Por decreto de 11 de marzo de 1820 el rey mandó restablecer “las Juntas suprema y provinciales de Censura, las cuales se arreglen en el desempeño de sus funciones á los decretos de las mismas Cortes sobre este particular reuniéndose inmediatamente para formar la Junta Suprema los mismos individuos que la componían cuando se disolvió [...]; y previniendo que si algunos hubieren fallecido, sean reemplazados por los suplentes que había en la misma época y que cuide la misma Junta Suprema del pronto restablecimiento de las Juntas provinciales en los mismos términos.” El virrey Apodaca mandó restablecer las Juntas de Censura de México y la de Guadalajara, “únicas mandadas establecer en este Reino” con fecha 19 de junio de 1820. Dos días después, el 21 de junio, los integrantes de la Junta de México, José María Fagoaga, Tomás Salgado, Pedro González y Agustín Villanueva “juraron ... por Dios Nuestro señor y los Santos Evangelios, usar bien y fielmente los empleos de Vocales de la Junta Provincial de Censura de esta capital, guardando y haciendo guardar la Constitución Política de la Monarquía Española sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, ser fieles al Rey, guardar secreto en lo que lo demande, y arreglarse en un todo á la instrucción remitida por las mismas Cortes, para su régimen y gobierno.” El Reglamento de las Juntas de Provincia, en su capítulo III, fracción XXVI dice: “Cada una de las Juntas de Provincia consta de cinco individuos, con arreglo al citado decreto de la libertad de imprenta. Estos son nombrados por las Cortes, á propuesta de la Suprema, para la cual tomará los informes que tuviese por convenientes.” Con fecha 1° de agosto (1820) fueron nombrados por la Junta Suprema nuevos vocales para completar la Junta de Censura de México: Miguel Guridi y Alcocer, Manuel Gómez (catedrático de la Universidad), José Mariano Zardenete (marqués de San Juan de Rayas), Pedro Acevedo (coronel retirado) y Andrés del Río (catedrático del Colegio de Minería); como suplentes: Vicente Ortiz (catedrático de la Universidad), el marqués del Apartado y Carlos María de Bustamante. Cf. La Constitución de 1812... , t. I, pp. 116-126.

[30] Cf. nota 34 de este folleto.

[31] Libro I, título 24, ley I: “Que no se imprima libro de Indias sin ser visto, y aprobado por el Consejo. D. Felipe II y la Princesa Gobernadora en Valladolid á 21 de Septiembre de 1556. Y el mismo en Toledo á 14 de Agosto de 1560. Nuestros Jueces y Justicias de estos Reynos, y de los de las Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Océano, no consientan ni permitan que se imprima, ni venda ningun libro, que trate de materias de Indias, no teniendo especial licencia despachada por nuestro Consejo Real de Indias, y hagan recoger, recojan y remitan con brevedad á él todos los que hallaren, y ningun Impresor, ni Librero los imprima, tenga, ni venda; y si llegaren á su poder, los entregue luego en nuestro Consejo, para que sean vistos, y examinados, pena de que el Impresor, ó Librero, que los tuviere, ó vendiere, por el mismo caso incurra en pena de doscientos mil maravedis, y perdimiento de la impresión é instrumentos de ella.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. I, p. 213.

[32] Francisco Javier Clavijero (1731-1787). Sacerdote jesuita. Historiador. Estudió filosofía y teología. Conocedor del latín, francés, hebreo, griego, náhuatl, otomí, mixteco y otros. Escribió en veinte lenguas indígenas poesías y oraciones de doctrina cristiana. Tomó el hábito en Tepotzotlán. Fue nombrado prefecto de estudio del Colegio de San Ildefonso, profesor en los colegios de Valladolid y Guadalajara. Con motivo de la expulsión de los jesuitas en 1767 se le mandó a Italia. En Bolonia estableció con otros jesuitas la Academia Literaria. Había hecho acopio de un caudal de noticias, datos y documentos de historia antigua de México, que aumentó con los descubiertos en bibliotecas de Bolonia, Florencia, Venecia y Milán. Escribió la Storia antica de Messico que se tradujo al inglés y alemán. Presentó la riqueza natural y cultural de México contra los ataques que habían recibido de la historia de De Paw, Buffon y Robertson. La primera edición española de Historia antigua de México es de 1824, publicada en Londres y traducida por José Joaquín León; su Historia de Baja California se editó en italiano, editada por Navarro, traducida al español por el padre García de San Vicente.

[33] Messico. Así en el original.

[34] Juan Bautista Muñoz (1745-1799). Publicó un tomo de Historia de América, obra que no llegó a terminar pero ordenó y reunió una cantidad considerable de documentos. Fue encargado de hacer esta obra para dar la “verdadera versión”, frente a la Historia de América de Guillermo Robertson, que fue el primer esfuerzo de síntesis de la historiografía europea sobre América. Cf. Josefina Vázquez de Knauth, Historia de la historiografía, p. 95.

[35] Herodoto. En las Historias de Herodoto (¿484-420? a. C.) se cuenta la oposición entre la civilización griega y egipcios, medos y persas.

[36] Vega. Manuscritos inéditos en el convento de San Francisco de México. De esta manera es citada la obra del padre Vega en el Diccionario Universal de Historia y de Geografía publicado en México entre 1853 y 1856. Cf. Antonia Pi-Suñer Llorens (coord.), Catálogo de los artículos sobre México..., p. 338.

[37] José Mariano Beristáin de Souza (1756-1817). Erudito mexicano que reunió documentos para la historia de Nueva España. Fue presidente del gobierno arzobispal desde 1809. Autor de la monumental Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, México, 1816-1821 y Ameca, 1883.

[38] Sobre la distribución de los impresos Fernández de Lizardi habla en El Pensador Mexicano, t. I, núm. 2. Cf. nota 18 a El Pastor del Olivar..., en este volumen.

[39] Joaquín Fuero y Carrascosa. Autor de “Villa de Guadalupe Acto de fidelidad, que en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 7 y 9 del Bando publicado el 24 de mayo último, celebró el comandante subdelegado de dicha jurisdicción teniente coronel D. Joaquín Fuero, cuyo testimonio ha dirigido al Excmo. Sr. Virrey”, Gaceta del Gobierno de México, t. VI, núm. 750, 13 jun. 1815, pp. 605-608. Acto en cumplimiento a los artículos 7 y 9 del bando de 24 de mayo de 1815, sobre que los ayuntamientos debían hacer pública declaración de no haber contribuido ni autorizado lo que decían los diputados en el Congreso Mexicano; se efectuó en la villa de Guadalupe el 30 de mayo de 1815, precedido por Joaquín Fuero y Carrascosa, teniente coronel de los ejércitos reales y comandante militar y político del distrito. Cf. Meza Oliver y Olivera López, Catálogo de la colección Lafragua... (1811-1821), p. 133.

[40] catón. Libro elemental usado en los primeros adelantos de la lectura. Santamaría, Dic. mej.

[41] Biblioteca Nacional de Madrid. Fue fundada por Felipe V en 1712 como Biblioteca Pública de Palacio, con el doble objetivo de fomentar el estudio de sus súbditos y reunir las bibliotecas de los nobles emigrados que luchaban en la guerra en apoyo de Carlos de Austria. En 1716 se publicó el decreto fundacional de la Biblioteca Real concedido por el rey el 2 de enero junto con las primeras constituciones redactadas por Juan Ferreras, bibliotecario mayor. Por un privilegio real fechado el 15 de octubre de 1716, precedente del actual depósito legal, toda persona que costease la impresión de los libros y papeles, ya fuese autor, impresor o editor, estaba obligado a entregar a la Biblioteca Real un ejemplar encuadernado de todo lo que imprimiese. En 1836, la Biblioteca dejó de ser propiedad de la corona y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, y recibió por primera vez el nombre de Biblioteca Nacional. Durante el siglo XIX ingresaron por incautación, compra o donativo la mayoría de los libros antiguos y valiosos que posee la Biblioteca.