3 título 1, libro 6 y la 9, título 15, libro 4 de la Recopilación,[1] que trata de los oficios bajos, viles y mercenarios; y todas las demás que hablen de este punto, aunque aquí no se especifiquen, pues la derogo y anulo en cuanto traten y se opongan a lo referido; y quiero que en esta parte queden sin ningún efecto, como también cualesquiera otras opiniones, sentencias, estatutos, votos, costumbres, y cuanto sea en contrario. Esta resolución se copie en los libros capitulares de los ayuntamientos, para que se tenga presente al tiempo de las elecciones de oficios municipales de la república, y no se pueda alegar ignorancia ni contrario uso en tiempo alguno; a cuyo fin también se registre y copie por el escribano de ayuntamiento, a continuación de las ordenanzas de gremios, cofradías, congregaciones, colegios, u otros cuerpos en que haya estatutos contrarios a lo dispuesto en ella.[2] ¡Artesanos! Esto debéis a la Constitución: recobrasteis vuestros derechos, pasasteis a ser hombres, y recobrasteis también una igualdad legal.

            Al tomar en boca esta palabra, me creo en obligación de explicarla, y para ello me da su pluma el señor cardenal de Borbón,[3] que al intento dice... Igualdad que nos proporciona el cariño de nuestro Rey y Padre: igualdad de remuneración en los premios y los castigos; igualdad ante la ley pública, que prescribe las obras buenas, y abomina las malas; igualdad de relaciones, esto es, que en su posibilidad natural, o de su fortuna, cada uno ha de contribuir al bien general: el alto en la medida de su estatura, el rico como rico, el mediano como mediano, el pobre como el pobre, el sabio como lo es, el magistrado y demás funcionarios públicos en el desempeño de sus ministerios, contribuyendo todos con esta igualdad relativa a mantener el edificio del bien y de la prosperidad...[4] Ved aquí la igualdad y libertad que nos está concedida: iguales para obrar bien; iguales para no obrar mal; iguales en la necesidad de cumplir cada uno con sus  obligaciones respectivas; iguales para auxillarnos [sic]; iguales para amarnos en Jesucristo; e iguales igualmente para gloriarnos en nuestra nación, en la extensión de su decoro, en la sumisión al gobierno establecido, y en el conocimiento de nuestra filiación dichosa espiritual y temporal.

            Es verdad que la ley primera, libro 3, título 1 de Indias,[5] adscribe los dominios de América irrevocablemente a la corona de Castilla, que la erección de universidades y colegios, audiencias, catedrales, colegiatas y otros cuerpos, demuestran que la voluntad de los reyes[6] fue consolidar esta parte del imperio español con el todo; pero el modo con que se le ha tratado ha sido de unas colonias subalternas. El sistema de flotas y galeones; las prohibiciones severas del comercio de Buenos Aires,[7] y de ciertas provincias recíprocamente, como la de extracción de vinos del pueblo de Dolores,[8] que lo redujo a la miseria, irritó a su cura, e influyó no poco para que se pusiese a la cabeza de la insurrección. La marca afrentosa del tributo de los indios y castas;[9] las encomiendas[10] y servicio personal de éstos; las leyes de mita;[11] el tributo personal de la plebe minera de Guanajuato, debía al visitador Gálvez; la prohibición de las manufacturas; y mil otras trabas poderosas, que así han puesto en ejercicio nuestro sufrimiento, como el abuso del poderío de los que nos han gobernado; la falta de libertad en los principios, cuyo ejercicio es de todo punto esencial para los progresos de una nación, y aun para su riqueza, al modo que es necesario alimentar al siervo para que adquiera para su señor la falta total de administración de justicia, que se ha creído razón de Estado para mantener sumiso a los débiles bajo la mano ferrada de los poderosos; las leyes del título 5, libro 7, principalmente la 15 y 26,[12] que se verían con horror en el Japón,[13] el desaforado y criminal comercio de los alcaldes mayores, chupando la substancia de los indios, haciendo sobre ellos el más escandaloso abuso de su poder; las innumerables pensiones que gravitan sobre los pueblos, echadas sobre los infelices, (acaso sin autoridad legítima) que los abruman, paralizan el comercio y minería, y enervan nuestra poca agricultura: todo esto, digo, y otra muy más larga lista de ultrajes y vejaciones hechas sistemadamente a los americanos; todo a par que prueba que se nos ha tratado como a colonos miserables,[14] nos hace bendecir la carta de salud hallada en la Constitución española.

   En todo brilla en ella el carácter de la franqueza y deseo de la pública felicidad. El artículo 310 manda que cualquiera pueblo que no tenga ayuntamiento, y tenga mil almas de población, pueda establecerlo.[15] Obsérvese ya lo que antiguamente costaba instalar una corporación de esta clase: expedientes, gastos, viajes y fatigas a México, oposiciones por parte de los subdelegados, que querían ser solos, y no tener a su lado magistrados que velasen sobre su conducta, e impidiesen extorsionar a los pueblos.[16] Dióse ya por el pie a tamañas dificultades, y los aldeanos van ya a gozar de este beneficio. Por él disfrutarán libertad y paz; se ilustrarán, porque toda concurrencia acicala y pule a los más estúpidos y patanes; habrá una noble emulación en cuidar de la policía, agricultura y demás atribuciones que les son peculiares. Cada villorio procurará imitar a la capital, y el espíritu de ilustración entrará en la última aldehuela, y penetrará con sus luces hasta los bosques más espesos; y se sacará el mejor partido de ciertas flaquezas y competencias del espíritu humano. España lo ha debido todo a los ayuntamientos, y desde su creación, aun en los tiempos más remotos, se les ha visto como el vehículo de la voluntad de los pueblos, explicada con candor y como las corporaciones más respetables. ¡Ah!, ella habría sido libre tres siglos ha, si los comuneros tuvieran la dirección que ahora, y Carlos V no hubiera construido su poder sobre las ruinas de los Acuñas y Padillas.[17] ¡Oh, América!, ya caminarás con increíble rapidez a tu engrandecimiento por este medio, y bendecirás a los autores de tu dicha; formaráse el espíritu público que debe caracterizar a un pueblo, y la unión general de todos formará su seguridad.

   En los días anteriores temblaba el gobierno cuando veía junta una cofradía de zurradores, y al momento iba a presidirla un magistrado para cuidar del orden; de presente, al contrario, se complace en verlos reunidos, y aquel espíritu asombradizo se ha trocado en confianza. ¡Qué diferentes causas excitan estos diversos procedimientos y afectos! Por esta providencia, aun más que por las de las escuelas generales de enseñanza mutua,[18] aprenderá todo hombre a leer y escribir, y saldrá la nación de ese estado degradante y de vileza en que yacía, que tanto ofendía al señor Argüelles.[19] Finalmente, por semejante medida se hará la más fácil y equitativa recaudación de contribuciones, sin gravar con un exceso chocante al pobre respecto del rico en el cupo y asignación; habrá un censo seguro de población,[20] una exacción de diezmos que no arruine la agricultura, y el gobierno a un golpe conocerá la fuerza con que deba contar para propulsar la del enemigo que ose inquietarlo.

   No será de menor utilidad el establecimiento de la Junta Provincial y diputaciones de que trata el capítulo 2, título 6,[21] a la que corresponderá velar sobre la buena educación pública, inversión de fondos, fomento de los nuevos establecimientos; inspeccionará sobre los abusos de la administración de rentas; formará la estadística de las provincias; cuidará de que se llenen los objetos de los establecimientos de beneficencia; velará sobre las infracciones de Constitución, y velará también, sobre todo, sobre los progresos de las misiones de indios gentiles. ¡Ah!, si tal hubiera existido de treinta años atrás, ¿en qué pie no se hallara el Fondo Piadoso de Californias?,[22] ¿cuánto no descansará el gobierno sobre un establecimiento que por aumento rapidísimo del imperio ruso nos va a llenar de cuidados?[23] Sus esfuerzos de población han sido casi inútiles en aquella parte.[24] Si las personas, a quienes dirijo este razonamiento, hubieran visto como yo los expedientes formados con este motivo, si hubiesen visto regidores pobrísimos hacer una fortuna rica a expensas de los fondos de propios de ayuntamiento,[25] sin que hasta ahora sepamos que se ha declarado a ninguno de ellos defraudador, ni ladrón público, entonces conocerían la justicia con que aplaudo la prudencia con que la Constitución ha nivelado las atribuciones de los ayuntamientos, y decretado la erección de las juntas provinciales. Entiendo, por tanto, que los males van a ser curados en su origen con mucha ventaja de los pueblos.



[1] Libro VI, título 1, ley II: “Que los Indios se pueden casar libremente, y ninguna órden Real lo impida. D. Fernando V y Doña Juana en Valbuena á 19 de Octubre de 1514 y en Valladolid á 5 de Febrero de 1515. D. Felipe II y la Princesa Gobernadora allí á 22 de Octubre de 1556. Es nuestra voluntad, que los Indios, é Indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren así con Indios, como con naturales de nuestros Reynos, ó Españoles, nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga impedimento. Y mandamos que ninguna orden nuestra, que se hubiere dado, ó por Nos fuere dada, pueda impedir, ni impida el matrimonio entre los Indios, é Indias con Españoles, ó Españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisieren, y nuestras Audiencias procuren que así se guarde, y cumpla.”

Libro VI, título 1, ley III: “Que no se permita casar á las Indias sin tener edad legítima. D. Felipe II en Tomar á 17 de Abril de 1581. Algunos Encomenderos por cobrar los tributos, que no deben los Indios solteros hasta el tiempo señalado, hacen casar á las niñas sin tener edad legítima, en ofensa de Dios nuestro Señor, daño á la salud, é impedimento á la fecundidad. Y porque esto es contra derecho, y toda buena razon, mandamos á nuestras Reales Audiencias, y Justicias, que juntamente con los Prelados Eclesiásticos de sus distritos provean lo que más convenga, castigando á los transgresores, de forma que cesen tan graves inconvenientes. Y encargamos á los Prelados que se interpongan, y procuren el remedio.”

Libro IV, título 15, ley IX: “Que los Oficiales Reales de Tierra firme tengan la cobranza de las sisas impuestas, y las distribuyan, como se ordena. D. Felipe III en Aranjuez á 19 de Abril de 1633. Mandamos á los Oficiales de nuestra Real hacienda de la Provincia de Tierrafirme, que tenga á su cargo la administración, y cobranza de los derechos de avería, y otras sisas que se han impuesto en la Ciudad de Panamá, para la puente, y aderezos de el camino á Portobelo, y casa de Cruces, y hagan para su mayor beneficio las diligencias, que tuvieren por mas convenientes, de forma que cesen los daños, que ha habido en la administración, y cobranza de estas imposiciones: y tengan por cuenta aparte lo que de ellas recogieren, sin juntarlo con otro ningun género de hacienda, y lo distribuyan en los efectos para que se consignaron y no en otros, por libranzas de el Presidente, y Oidores de la Real Audiencia.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. II, pp. 55, 190.

[2] Por decreto de 8 de junio de 1812 las Cortes de Cádiz abolieron la necesidad de incorporación a los gremios respectivos para el establecimiento de fábricas e industrias útiles tanto para españoles como para extranjeros.

[3] Luis María de Borbón, cardenal de Santa María de Scala (1777-1823). Infante de España, sobrino de Carlos III. Arzobispo de Sevilla y Toledo. Presidió la Junta de Regencia de Cádiz. Abolió la Inquisición. De su Carta Pastoral de 15 de marzo de 1820, Fernández de Lizardi reproduce un fragmento en el número 11 de El Conductor Eléctrico. Cf. Obras IV-Periódicos, p. 333.

[4] Desde “igualdad de remuneración” hasta “prosperidad” es una cita textual de la Carta Pastoral del cardenal de Scala de 15 de marzo de 1820, ver nota anterior.

[5] Libro III, título 1, ley I: “Que las Indias Occidentales estén siempre unidas á la Corona de Castilla, y no se puedan enagenar. El Emperador D. Carlos de Barcelona á 14 de Septiembre de 1519. El mismo y la Reyna Doña Juana en Valladolid á 9 de Julio de 1520. En Pamplona á 22 de Octubre de 1523. El mismo Emperador, y el Príncipe Gobernador en Monzón de Aragón á 7 de Diciembre de 1547. D. Felipe II en Madrid á 18 de Julio de 1563. D. Carlos II y la Reyna Gobernadora en esta Recopilación. Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas y Tierrafirme del Mar Océano, descubiertas, y por descubrir y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla, y porque es nuestra voluntad, y porque lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos que en ningun tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, desunidas, ni divididas en todo ó en parte, ni sus Ciudades, Villas, ni Poblaciones, por ningun caso, ni a favor de ninguna persona. Y considerando la felicidad de nuestros vasallos, y los trabajos que los descubridores, y pobladores pasaron en su descubrimiento y población, para que tengan mayor certeza y confianza de que siempre estarán y permanecerán unidas á nuestra Real Corona, prometemos, y damos nuestra fe y palabra Real, por Nos, y los Reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enagenadas, ni apartadas en todo, ó en parte, ni sus Ciudades, ni poblaciones por ninguna causa ó razon, ó a favor de ninguna persona; y si Nos, ó nuestros sucesores hiciéremos alguna donación ó enajenación contra lo susodicho se anula, y por tal la declaramos.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. I, p. 523.

[6] Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La bula de Alejandro VI, 1493, regaló a la Corona de Castilla las tierras y los americanos que habitaban las islas y la Tierra Firme al oeste de una imaginaria línea meridiana trazada a cien leguas de las Azores.

[7] Desde el siglo XVII Buenos Aires era el principal centro de la actividad comercial en la cuenca hidrográfica del litoral argentino, formado por los estados provinciales de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Durante la Colonia fue el centro comercial de un vasto conjunto de productos regionales americanos, que llegaban a distintos mercados rioplatenses y altoperuanos. “Después de la Independencia de 1810, se perdió la vinculación con el Alto Perú; Buenos Aires mantuvo su hegemonía mercantil sobre el litoral al no permitir la libre navegación de los ríos interiores, reservándose el papel intermediario entre las provincias y los mercados domésticos y ultramarino, manteniendo sobre este espacio una posición económica y geopolítica privilegiada.” Cf. Roberto Schmit, “Comercio y mercado en el litoral argentino durante la primera mitad del siglo XIX”, en Jorge Silva Riquer, Juan Carlos Grosso y Carmen Yuste (comp.), Circuitos mercantiles..., pp. 291-292.

[8] Dolores. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ciudad cabecera del municipio del mismo nombre. En esta parroquia ejerció su ministerio sacerdotal Miguel Hidalgo desde 1803 hasta 1810, año en que sublevó al pueblo de ahí contra el gobierno español.

[9] Los indios fueron considerados súbditos y leales vasallos del rey de España, quien debía ampararlos y tutelarlos; a cambio, se les impuso un tributo cuyo monto y regulación hizo la segunda Audiencia, tomando en cuenta el sistema tributario que regía para ellos en la época de sus empleadores. El tributo gravaba a los varones de 18 a 30 años, se pagaba en productos de la tierra o en moneda. Podía reducirse o aumentarse en determinadas condiciones de clase social, sexo y edad. Se pagaba en los pueblos de los indios. Cf. Ernesto de la Torre Villar, “Época colonial. Siglos XVI-XVII”, en León-Portilla, Historia documental de México, t. I, p. 170.

[10] Hernán Cortés en su Tercera Carta de Relación a Carlos V, fechada el 13 de mayo de 1522, informa haber dado encomiendas de indios a los conquistadores. Éstos tenían derecho a la fuerza de trabajo de los indios y la obligación de evangelizarlos. Las mujeres y los niños no formaban parte de la fuerza de trabajo. A partir de 1545 y 1549, debido a las denuncias de Montesinos y Las Casas, la encomienda se redujo al derecho del conquistador y sus descendientes a recibir un tributo de un determinado número de indios, aptos por su edad y capacidad tributaria. El tributo se daba en productos de la región. A mediados del siglo XVII la Corona impuso descuentos a la encomienda e incorporó para sí importantes encomiendas de antiguos conquistadores. En 1718 se decretó la extinción de la encomienda. Cf. Miguel León-Portilla, et al., Historia documental de México, t. I, pp. 142-143, 167-168.

[11] leyes de mita. En las minas de Potosí, en Perú, la fuerza de trabajo minera por mita, movilizada desde la economía campesina, fue consumida como trabajo simple, aumentó varias veces de tamaño y cumplió funciones muy precisas: satisfacer la demanda ampliada de mano de obra y rebajar los costos de producción de la plata. Al lado de estos mitayos hubo un cuerpo de mineros profesionales bajo la forma de trabajo complejo voluntario (con salario). En esta coexistencia de ambas formas de trabajo, el trabajo compulsivo de mitayos ha sido sobrevaluado. Cf. Carlos Sempat Assadovrian, “La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial”, en Enrique Florescano (comp.), Ensayos sobre el desarrollo económico..., p. 257. Por decretos de 9 de noviembre de1812 y 29 de abril de 1820 se abolieron las mitas y el servicio personal. El primero dice a la letra: “Las Cortes Generales y extraordinarias deseando remover todos los obstáculos que impidan el uso y ejercicio de la libertad civil de los españoles de Ultramar, y queriendo asimismo promover todos los medios de fomentar la agricultura, la industria y la población de aquellas vastas provincias, han venido en decretar y decretan: I. Quedan abolidas las mitas ó mandamientos ó repartimientos de indios, y todo servicio personal que bajo de aquellos ú otros nombres presten á los particulares, sin que por motivo ó pretexto alguno puedan los Jueces o Gobernadores destinar ó compeler a aquellos naturales al expresado servicio. II. Se declara comprendida en el anterior artículo la mita que con el nombre de faltriquera se conoce en el Perú, y por consiguiente la contribución real aneja á esa práctica. III. Quedan también eximidos los indios de todo servicio personal á cualesquiera corporaciones ó funcionarios públicos ó curas párrocos, á quienes satisfarán los derechos parroquiales como las demás clases. IV. Las cargas públicas, como reedificación de casas municipales, composición de caminos, puentes y demás semejantes, se distribuirán entre todos los vecinos de los pueblos, de cualquier clase que sean. V. Se repartirán tierras á los indios que sean casados ó mayores de veinte y cinco años fuera de la patria potestad de las inmediatas á los pueblos, que no sean de dominio particular ó de comunidades; mas si las tierras de comunidades fuesen muy cuantiosas con respecto á la población del pueblo á que pertenecen, se repartirá, cuando más, hasta la mitad de dichas tierras, debiendo entender en todos estos repartimientos las Diputaciones Provinciales, las que designarán la porción de terreno que corresponda á cada individuo, según las circunstancias particulares de éste y de cada pueblo. VI. En todos los colegios de Ultramar donde hay becas de merced, se proveerán algunas en los indios. VII. Las Cortes encargan á los Virreyes, Gobernadores, Intendentes y demás Jefes á quienes respectivamente les corresponda la ejecución de este decreto, su puntual cumplimiento declarando que merecerá todo su desagrado y un severo castigo cualquiera infracción de esta solemne determinación de la voluntad nacional. VIII. Ordenan finalmente las Cortes, que comunicado este decreto á las Autoridades respectivas, se mande también circular á todos los Ayuntamientos Constitucionales, y á todos los curas párrocos para que, leído por tres veces en la misa parroquial, conste á aquellos dignos súbditos el amor y solicitud paternal con que las Cortes procuran sostener sus derechos y promover su felicidad.” Cf. La Constitución de 1812..., t. II, pp. 108-109.

[12] Libro VII, título 5, ley XV: “Que los Negros, y Loros, libres, ó esclavos no traygan armas. El Emperador D. Cárlos y el Príncipe Gobernador en Madrid á 19 de Noviembre de 1551. En Toro á 18 de Febrero, y en Monzón de Aragon á 11 de Agosto de 1552. Los Negros, y Loros, libres ó esclavos, no pueden traer ningun género de armas públicas, ni secretas, de dia, ni de noche, salvo los de las Justicias (como se declara en la ley siguiente) quando fueren con sus amos, pena de que por la primera vez las pierdan, y sean del Alguacil que las aprehendiere: y por la segunda, demas de haberlas perdido, estén diez dias en la Cárcel: y por la tercera tambien las pierda, y si fuere esclavo, le sean dados cien azotes: y si libre, desterrado perpetuamente de la Provincia: y si se probare que algun Negro, ó Loro echó mano á las armas contra Español, aunque no hiera con ellas, por la primera vez se le dén cien azotes, y clave la mano: y por la segunda se la corten, y si no fuere defendiéndose, y habiendo echado primero mano á la espada el Español.”

            Libro VII, título 15, ley XXVI: “Que en el castigo de motines, y sediciones de Negros no se hagan procesos. D. Felipe III en Lisboa á 14 de Septiembre de 1619. Porque en casos de motines, sediciones, y rebeldías, con actos de salteamientos, y de famosos ladrones, que suceden en las Indias con Negros Cimarrones, no conviene hacer proceso ordinario criminal, y se debe castigar las cabezas exemplarmente, y reducir á los demas á esclavitud, y servidumbre, pues son de condición esclavos fugitivos de sus amos, haciendo justicia en la causa, y excusando tiempo, y proceso: Mandamos á los Vireyes, Presidentes, Gobernadores, y á las Justicias á quien toca, que así lo guarden, y cumplan en las ocasiones que se ofrecieren.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias..., t. II, p. 364, 367.

[13] En El Periquillo Sarniento t. IV, cap. V, aparece el Oriente. Periquillo emprende un viaje a Manila, donde se hace pasar por conde y presencia la ejecución de las leyes penales, su acompañante chino le advierte que los ciudadanos ahí “procuran evitar los delitos con las leyes, y se castigan con rigor los delincuentes”, Perico horrorizado refiere que “a unos los empalaban, a otros los ahorcaban, a otros los azotaban cruelísimamente en las pantorrillas con bejucos mojados [...] lo que nos dejó asombrados, fue ver que a algunos les señalaban las caras con unos fierros ardiendo, y después les cortaban las manos derechas”. Cf. Obras IX-Novelas, pp. 262, 263.

[14] Sobre los abusos sufridos por los habitantes bajo el gobierno virreinal anterior a la Constitución de 1812, Fernández de Lizardi escribió: Pensamiento II. Sobre la exaltación de la nación española y abatimiento del antiguo despotismo, Puertas cerradas y Gloria in excelsis Deo, et in terra, pax omnibus bonae voluntatis, t. I de El Pensador Mexicano; Cuartazos a los boticarios, Suplemento del 27 sep. 1813, Fábula. El cacomixtle y la gallina, Suplemento de 11 oct. 1813, del t. II de El Pensador Mexicano. Sobre abusos de alcaldes: Respuestillas sueltas de El Pensador Mexicano, cf. Obras X-Folletos, pp. 271-275. Sobre minas y economía escribió en el t. III, cap. XII de El Periquillo Sarniento titulado “En el que Periquillo cuenta la aventura funesta del egoísta y su desgraciado fin de resulta de haberse encallado la nao; los consejos que por este motivo le dio el coronel, y su feliz arribo a Manila”. Cf. Obras IX-Novelas, pp. 189-202; en los folletos El cucharero político en argumentos con Chepe, Aunque haya un nuevo Congreso, ¿qué con eso? y arbitrio para aumentar sin costo las milicias nacionales, cf. Obras XII-Folletos, pp. 17-24 y 527-534; y Consejo de guerra a los ingleses, cf. Obras XIII-Folletos, pp. 585-598.

[15] Título IV, capítulo I, artículo 310: “Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle con los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 95.

[16] “El cargo de subdelegado de los pueblos de indios se definió por el artículo 12 de la Ordenanza, que contenía la prohibición de los repartimientos: ‘ni los dichos Subdelegados, ni los Alcaldes Ordinarios, ni los Gobernadores que queden existentes, ni otra persona alguna sin excepción, han de poder repartir á los Indios, Españoles, Mestizos y demás castas, efectos, frutos, ni ganados algunos baxo la pena irremisible de perder su valor en beneficio de los Naturales perjudicados, y de pagar otro tanto, que se aplicará por terceras partes á mi Real Cámara, Juez y Denunciador”. Cf. Manuel Ferrer Muñoz, “El indio ante la Independencia en los escritos de El Pensador Mexicano”, Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 275.

[17] Acuñas y Padillas. Tenemos noticia de: Antonio Osorio de Acuña, obispo de Zamora en tiempos de Carlos IV, y uno de los principales jefes de la insurrección de las comunidades de Castilla. Fue preso y decapitado. Juan de Padilla (1484-1521), noble castellano que se puso a la cabeza de los comuneros de Castilla en 1520. Derrotado en Villalar, fue decapitado.

[18] “El método de Lancaster fue concebido en Inglaterra para preparar a los niños en la disciplina que requería la división de trabajo en los grandes establecimientos industriales. En México se utilizó como medio para asegurar la educación simultánea de grandes grupos de alumnos puesto que el preceptor podía encargarse de la educación de 200 niños aprovechando la ayuda que les prestaban los alumnos más aventajados. Puede decirse que en México la nueva disciplina nacida de la revolución industrial hizo su aparición primero en la escuela que en la fábrica. En grandes salones, alineados frente a las mesas de trabajo, grupos de l0 muchachos eran supervisados por un alumno-instructor y seguían la rutina de actividades que dictaba el preceptor, que desde un templete dirigía el proceso de enseñanza. El preceptor se servía de grandes carteles suspendidos del techo, con números y señales que indicaban el tipo de actividad que debía realizar en cada momento. Cada actividad era cronometrada por el preceptor, quien vigilaba que se cumpliera con un horario estrictamente reglamentado: tiempo de leer, tiempo de escribir, tiempo de descansar. Al toque de la campana respondía el alumno con la precisión de un ejército militar. Es decir, que además de aprender a escribir y leer, el niño aprendía a realizar una actividad específica, siguiendo un orden determinado [...] Exactamente lo que necesitaba para adaptarse a los requerimientos de la actividad industrial moderna.” Cf. Alejandra Moreno Toscano, Los trabajadores y el proyecto de industrialización, 1810-1867. COMPLETAR DATOS DE LA FICHA.

[19] Agustín de Argüelles. Diputado a Cortes. Formó parte de la Comisión Constitucional. Uno de los firmantes del proyecto de Constitución Política de la Monarquía Española presentada a las Cortes Generales y Extraordinarias [de Cádiz] por su Comisión Constitucional. Cádiz: Imprenta Real, 1811.

[20] La Constitución contemplaba en el título VI, capítulo II, artículo 335: “Tocará a estas diputaciones: [...] Séptimo. Formar el censo de las provincias; título VII. De las contribuciones, capítulo único: “Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su derogación o la imposición de otras”; artículo 339: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., pp. 99, 100.

[21] Estas atribuciones de las diputaciones se establecen en el artículo 335, en 10 apartados. Todo el capítulo II, del título VI (Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos) está dedicado al gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales, comprende los artículos 324 a 337 de la Constitución. Ibidem, pp. 97-99.

[22] Fondo Piadoso de las Californias. Carlos II dispuso que la propia Compañía de Jesús buscara los medios para sufragar los gastos de sus establecimientos en California. En 1701, el primer marqués de Villapuente inició los donativos que, junto con las aportaciones de la monarquía iban a constituir el Fondo Piadoso de las Californias. Hasta 1717 los jesuitas sólo recibieron el crédito de las aportaciones; a partir de ese año obtuvieron permiso para administrar directamente los capitales. Éstos no pasaron a ser propiedad de la orden, por mandato del rey, único dueño de ese patrimonio. Tras la expulsión de la Compañía, todas las misiones fueron entregadas y el Fondo fue nacionalizado. El virrey Marqués de Croix y el visitador general del virreinato, José de Gálvez, confiaron la actividad misionera al Colegio Evangélico de San Fernando de México. El 8 de abril de 1770 el rey dispuso que los dominicos atendieran las misiones de la Antigua California y los fernandinos las de la Nueva España. El Fondo Piadoso, separado de la Dirección de Temporalidades, quedó a cargo de Fernando José Mangino a partir de marzo de 1781. En 1834, por decreto del Congreso, fueron secularizadas las misiones, de suerte que los religiosos quedaron encargados en calidad de curas interinos de las parroquias en que fueron transformadas aquéllas, pasando la administración del Fondo al gobierno de México.

[23] En 1813 y principios de 1814, el secretario interino de la Regencia española, José Luyando, advirtió al ministro plenipotenciario español en San Petesburgo de movimientos rusos en la costa de California. “El virrey de la Nueva España había avisado a Madrid que se habían comenzado a instalar unos colonos rusos en el puerto de La Bodega, en la ribera cercana a San Francisco. Las intenciones que les movían quedan calificadas por el hecho de que trajeron trece piezas de artillería y se fortificaron cuidadosamente [...] En su número de abril de 1815, la Revista Histórica de San Petesburgo publicó un artículo donde mostraba proféticamente que, cuando se liberaran del poder español las posesiones americanas pasarían a depender, para ‘las necesidades indispensables’, de las compras de mercancías a Inglaterra y los Estados Unidos. El interés de Rusia por el imperio colonial español llegó hasta las Filipinas, que entraron en el programa de la llamada ‘Compañía Ruso Americana’, patrocinada oficialmente, como elemento de una ruta comercial desde la India a la costa rusa de Siberia”. Cf. Pedro Voltes, Fernando VII. Vida y reinado, pp. 168-169.

[24] Las misiones californianas hicieron factible el poblamiento civil de la región. El inicio formal de esta colonización se dio en virtud de una instrucción dictada por el visitador Gálvez el 12 de agosto de 1768 en el Real de Santa Ana. Se otorgaron predios hasta entonces propiedad de las misiones a antiguos soldados, a cuidadores de ganado y mayordomos que habían trabajado en las misiones. Estas concesiones se hicieron en la parte sur de la Península: Todos Santos, San José del Cabo y La Paz. La instrucción de Gálvez de 1768 si bien no tuvo los resultados esperados de creación de pueblos con características específicas, en la práctica marcó la pauta para la adquisición de tierras. Durante 60 años se observó la norma, hasta 1830 en que se comenzó a aplicar la Ley de colonización. Cf. David Piñera Ramírez, “Los primeros colonos civiles” en Piñera Ramírez (coord.), Panorama histórico de Baja California, pp. 105-110.

[25] En los pueblos y villas de españoles, los fondos de propios y arbitrios estuvieron siempre bajo supervisión de la Real Hacienda. Con la Ordenanza de Intendentes de 1786 los artículos 28 a 53 normaron el funcionamiento de estos fondos públicos.