Considérese, por otra parte, de cuánta influencia es para la ruina del Estado que los curas vaguen despojados y estrechados por la hambre, mucho más si por sus prendas personales tienen ascendente sobre los pueblos. El carácter de protección que los reyes tienen sobre las iglesias y sus ministros, les impone la obligación de abrir las puertas de los tribunales de justicia a todo párroco que las pulse; esto es llenar lo que importa la voz protección.

   El artículo 252 de la Constitución quiere que “los magistrados y jueces no puedan ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendidos, sino por acusación.”[1] No es menester hacerse violencia para conocer que en la disposición de este artículo están comprehendidos los curas por su dignidad y carácter, y dígaseme ya ¿qué disposiciones son más benéficas a los sacerdotes, las del Código de Indias, o las de la Constitución? ¿Y habrá todavía valor para que algunos eclesiásticos diseminen por el confesionario[2] las odiosas especies de que la Constitución ataca la religión, deprime a sus ministros, viola sus inmunidades y abre la puerta a la impiedad? Venerables sacerdotes, dejad que os suplique un hombre obscuro y un simple fiel, que estudiéis cuidadosamente en este Código vuestras obligaciones de ciudadanos e intereses, y que apliquéis vuestro influjo para que otros los entiendan por vuestra voz y dirección. A la mano tenéis ambos Códigos; sus disposiciones son perceptibles, las de la Constitución las elogia la Europa culta; las de Indias las censura el mismo soberano; sí, Fernando VII en su decreto de 25 de diciembre de 1819 confiesa que su abuelo nombró una comisión compuesta de ministros del Consejo de Indias, para que suprimiesen, variasen, retocasen y añadiesen otras leyes; que él ha tratado de llevar al cabo la empresa, la cual está en el mejor estado, próxima a su publicación. No se me tendrá, pues, a temeridad cuanto he dicho, y que no con el júbilo de los caribes cuando inmolan sus víctimas en derredor de la hoguera, sino con el entusiasmo de un filósofo, cuando acaba de descubrir una verdad importante, le diga: caíste por tierra edificio colosal y mosaico, formado de cien mil piedras de diversos colores, compilación monstruosa, la filosofía socavó tus débiles cimientos, y ella canta sus triunfos sobre tus escombros... Victoria tan acabada débese a la Constitución española. Abroquelaos, americanos, con ese Código, pie firme, y no temáis al que os amenazare con la hacha, respondedle con la ley, él temblará. Examinemos ya el modo con que prescribe la administración de justicia, tanto en lo civil, como en lo criminal, dando idea del arreglo de los tribunales.

   Los magistrados tienen deslindada su facultad, declarándose que ésta se halla reducida únicamente a aplicar las leyes en los casos que ocurran, tanto en lo civil, como en lo criminal; que no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar, y hacer que se ejecute lo juzgado; que no podrán formar reglamentos para la administración pública, ni trocar el carácter de ejecutores por el de legisladores; que serán responsables personalmente en toda falta de observancia de las leyes, y que de tal manera serán invigiliados sobre su conducta, como que el soborno, cohecho y prevaricato producirán acción popular contra los que lo cometan.[3] Si estas ideas hubiesen dirigido la conducta de alguno en tiempos anteriores, si la ley 36, título 15, libro 2 de Indias[4] no se hubiese interpretado violentamente, acaso la revolución no habría abortado entre nosotros. Confundióse la facultad de hacer justicia con la de responder a consultas, y una y otra con la de gobernar, y llevóse el diablo la tranquilidad de tres siglos. Los alcaldes están revestidos por la Constitución del carácter de conciliadores, antes que del de jueces (artículo 28 a 84).[5] Unidos con hombres buenos promediarán en las diferencias para cortar los litigios sin más progreso; de modo que, sin constar que se ha pulsado el resorte de la reconciliación y paz, ningún negocio podrá seguir adelante., las ventajas de esta disposición, eminentemente liberal, no es menester desenvolverlas (dice un periodista de Madrid), basta sólo llamar la atención sobre ellas, observando que si un arrebato pasajero obliga muchas veces a instaurar una demanda judicial, lo común es que, cuando se pasa el acaloramiento, se arrepiente el que la instauró, y que un pundonor falso la hace continuar, a pesar de sus deseos pacíficos. La ley debía aprovechar para beneficio común estas disposiciones frecuentes de los individuos, y atajar por la previa conciliación gran parte de las rencillas y discordias de que se alimenta una multitud de personas desgraciadamente necesarias, para cuya funesta intervención era preciso limitar, en cuanto fuese compatible, con los intereses sagrados de la justicia. Los procesos en lo criminal se arreglarán por las leyes, para que se formen con claridad, y los delitos sean prontamente castigados. Ojalá y que se hubiesen fijado las precisas actuaciones de ellos: digo precisas, porque apenas hay una causa que se parezca a otra, y en cada una ocurren mil incidencias que inducen una necesaria variación.

   Ya no será preso ningún ciudadano por caprichos, sino que precederá información sumaria del hecho por el cual merezca pena corporal, y mandamiento por escrito del juez, que se le notificará en el acto de la prisión. Éstos estaban en posesión de encargar a sus porquerones el arresto de los hombres, como se le encarga a un caporal que se lleve al corral el burro o toro que se busca en una hacienda para el rodeo. A tal degradación llegamos en nuestros días por las Juntas de Seguridad.[6] O se les llevaba a la cárcel so color de que sólo era para tomarles una simple declaración; algunos fueron a firmar la diligencia en Manila o Ceuta. Sensible cosa es que no se haya declarado qué clase de testigos bastarán para deponer, su número, de qué naturaleza será su deposición; ni que se hayan fijado los cánones que en esta parte deban asegurar la religión y certeza moral de los jueces que decretan la prisión. Mas la perfección de los grandes establecimientos son obra del tiempo, y éste será el que dé la última mano a la grandiosa obra de nuestra seguridad privada; contentémonos con que sus fundamentos están zanjados. La Constitución respeta la inocencia de los hombres y no los tiene por culpables hasta el momento mismo de su condenación... al tenido por reo[7] (dice) pues muy bien sabe que también la inocencia habita en los calabozos, y no al reo: lenguaje de sabiduría, y que no hablaron ni entendieron nuestros mayores.

   No menos respeta la religión del acusado; conoce que es muy probable que la postergue a la conservación de su vida y bienes, y así le releva de juramento en materia criminal y hecho propio.[8] Esta providencia evitará muchos desacatos a la divinidad. Apenas se presentaba un hombre honrado al llamamiento de un juez, cuando le salía al encuentro un escribanillo habilitado, muy sucio e indecente, presentándole la cruz, para que respondiese a mil preguntas capciosas, cuyo interrogatorio había acaso tejido en un complot de malignantes, con el vaso de aguardiente al lado, y que aún regoldaba...; pero es mejor enmudecer, y volver la atención [h]acia otros beneficios que proporciona nuestra liberal Constitución. Ella respeta nuestros bienes, y prohíbe su embargo: permítelo sólo cuando se proceda por delitos que llevan consigo responsabilidad pecuniaria, y eso en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse.[9] ¿Cuántos infelices vemos absueltos cada día de una instancia, o declarados inocentes; pero que sólo salen de la cárcel a perecer con sus familias, porque el escribano y ministriles les chuparon sus bienes embargados, o con el título y colorido de por justa causa de proceder, y se les castigó antes de saber si eran o no culpables?

   Queda prohibida la confiscación de bienes, que ha arruinado tantas familias. ¡Oh, Paladión[10] de nuestra seguridad!, si tú hubieras gobernádonos y protegídonos en mil ochocientos quince, mis bienecillos, ganados con el sudor de mi frente, el fruto de mis afanes literarios, de esta voz y de esta pluma, empleadas a beneficio de la humanidad afligida en las cárceles, no hubieran pasado a las fauces de un ávido fisco, que se los sorbió como el océano una gota de agua; y remató esta víctima con la última puñalada que ha trozado el corazón de dos esposos, reduciéndolos a la mendicidad... Troja nunc stares![11]Cuando reflexiono sobre las leyes durísimas, bajo que hemos vivido, me quedo atónito. Tengo la Constitución en la mano, la leo [...], y mi situación semeja a la de un náufrago, que a la orilla del mar contempla los restos miserables del bajel en que apenas pudo salvar su persona.

   La Constitución quiere que al tratado como reo se le lean íntegramente todos los documentos y declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quienes son.[12] “Sepa yo a lo menos quién me acusa, cómo se llama, si le he hecho algún daño, y obra por venganza”, así pedía un pobre acusado, mas el juez le decía: No se puede, es causa privilegiada, y de Estado, como si la misma gravedad no demandase mayor circunspección para tratar al reo, y relevase al juez de concederle todos los medios posibles para su indemnización. “El testigo es de color pardo, tiene los ojos negros, y las narices largas”. Semejantes a estas señas eran las que se daban en el Santo Oficio para que el acusado pudiese conocer quién le había perdido. ¡Pobre Astrea!

   La Constitución no quiere que sea llevado a la cárcel el que dé fiador, en los casos en que la ley no prohíba expresamente que se admita fianza; y que en cualesquier estado de la causa, en que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le ponga en libertad bajo de fianza.[13] La misma Carta prohíbe los apremios, la tortura y toda vejación.[14] Ya no veremos gemir por largos tiempos en los separos llamados del olvido, ni presentar al público el horrendo espectáculo de un infeliz situado en un hondo y sucio calabozo, desnudo, con la barba a la cintura llena de moho y comido de piojos, que semejaba un espectro. Jueces bárbaros, alcaides inhumanos: sabed que seréis escrupulosamente residenciados por una frecuente visita,[15] que penetrará hasta los más obscuros escondrijos y senos de esas cuevas, que semejan a las de Trofonio,[16] en que habéis hecho llorar a la humanidad desconsoladamente, y donde el infeliz quisiera cambiar el ser de hombre por el de una bestia que pasta en los campos, y goza de su libertad natural. “Los prelados eclesiásticos, seculares y regulares, y los demás jueces ejerzan jurisdicción eclesiástica de cualquiera clase, acompañados de sus asesores, y de los fiscales de sus juzgados, harán respectivamente en los pueblos o puntos de su residencia visita general y pública de las cárceles o sitios, donde haya reos presos pertenecientes a su jurisdicción, en los dos sábados precedentes a las domínicas de Ramos y Pentecostés, en el día 24 de septiembre, y víspera de Navidad de cada año.[17] Asistirán sin voto a estas visitas dos individuos de la Diputación Provincial o ayuntamiento del pueblo.[18] Los provisores y demás jueces eclesiásticos, y los prelados regulares que tengan súbditos presos harán igual visita pública en los sábados de cada semana, con asistencia de sus asesores, si no fueren letrados. En las visitas de una y otra clase se presentarán respectivamente todos los presos. Los jueces verán las causas para poner en libertad a los que la merezcan, y remediar las dilaciones o defectos que noten; y reconocerán por sí mismos las habitaciones de los encarcelados, informándose puntualmente del trato y alimento que se les da, de si se les tiene sin comunicación cuando no está prevenido, o si de cualquiera otro modo se les molesta arbitrariamente por los encargados de su custodia.” Tal es la voluntad de las Cortes, expresada en su decreto de 9 de octubre de 1812.[19] Los que como yo han elevado muchas veces los clamores de algunos monacales oprimidos a los tribunales superiores, por el recurso de fuerza y protección,[20] se hallarán en el caso de conocer la bondad paternal, con que son tratados por la Constitución. Obran en los archivos de las audiencias del reino y superior gobierno de México expedientes formados sobre visitas de cárceles de algunos conventos, donde los presos eran tratados con más inhumanidad que los cautivos cristianos en Argel.[21] La primera vez que leí que en el catálogo de las crueldades estaba la de poner esposas o perrillos a los dedos,[22] fue cuando vi en la Asesoría General del Vir[r]einato la queja de cierto religioso, dirigida al vir[r]ey; y fue necesario que se visitara la cárcel, comisionando al efecto al oidor don Cosme de Mier y Trespalacios.[23] Tal es el abuso criminal que se ha hecho de una jurisdicción económica, que pasó a contenciosa, y se ha tornado en desaforada, despótica e insufrible, habiendo emanado de la generosidad de los príncipes. ¡Ojalá y se estrechase a los jueces eclesiásticos a que pasasen mensualmente lista de sus presos a los cabildos, para que se guiasen por ellas en las visitas, y supiesen el paradero y suerte de sus presos! ¿Y qué diremos ya del respeto que merece a la Constitución la casa del ciudadano; pues prohibe que no puede ser allanada sino en los casos que determina la ley, para el buen órden y seguridad del Estado?[24] ¿Quién dormía antes seguro en el seno de su familia? ¿Quién podía acostarse y asegurar con ciencia cierta de que amanecería en su misma cama, y no resollaría a la madrugada en un calabozo, o rodeado por una escolta de soldados caminando para un castillo, aunque descansase en el seno de la inocencia, y nada le arguyese de delito su conciencia inmaculada?¡Oh, días de duelo y de ignominia!, ¡yo recuerdo vuestra memoria ocupado de pavor, y como la de una desgraciada borrasca!... Es menester que sintamos, en medio del gozo que nos ocupa por tan feliz mudanza, la falta de exactitud que en esta parte hay en la legislación, pues no se expresan los casos en que puede ser allanada la casa de un ciudadano. Aunque las Cortes se penetraron de los mejores deseos, este artículo deja lugar a la interpretación y arbitrio judicial, de que debemos huir como de un tabardillo. Ya no precederá el destierro al sumario, la sentencia a la causa, y la pena al delito, como decía la señora doña Ana Roo de Quintana,[25] lamentando la desgracia de su benemérito esposo don José Matías,[26] de quien no la permitieron despedirse. Finalmente, las cárceles no serán como hasta aquí, comparables con unas zahúrdas, se fijarán en ellas la verdadera idea; es decir, que son casas para guarda, y no para pena; casas de seguridad, no de tormento; serán unos edificios respetables, construidos por planos que presentarán los ayuntamientos, formados en la Academia de México;[27] consultárase en ellos a la comodidad y desahogo posible de los reos; ya no pasará por adagio, que ni policía francesa (porque no habrá espionaje entre nosotros), ni ejecución inglesa (porque queda prohibida la pena de horca, substituyéndose la de garrote), ni cárcel española (porque serán tan cómodas como las de Filadelfia).[28]

   Intento ya hablar de la ley del 9 de octubre de 1812, que arregla los tribunales y los juicios, y me siento sobrecogido. Mil ideas de alegría ocurren a mi imaginación. Yo me transporto con ella hasta las columnas de Hércules, donde se dictó; y me parece que estoy en Atenas, o en el foro de Roma libre. Figuráseme que veo pulular por todas partes oradores y sabios, penetrados de las más justas ideas de moral y política, deseosos de aplicarlas a beneficio de los hombres... ¡Oh, Cádiz, Cádiz eternamente memorable para nosotros! No es en tu puerto, donde se aprestan escuadras formidables y terribles batallones, para venir a sembrar el terror, la desolación y la muerte a los mundos de Colón y Pizarro, es en tus alcázares majestuosos donde se forman leyes benéficas para enjugar las lágrimas de una tiranía de tres siglos... ¡No será así, vive Dios!, dijo la briosa Galicia; no, respondió acorde la denodada Asturias; el bálsamo consolador de las leyes justas restaurará la sangre que aún corre de nuestros hermanos de América, y la espada ominosa no vibrará mas sobre sus oprimidas cabezas... Abrirémosles nuestros brazos, estrecharémonos mutuamente, darémonos un ósculo de paz verdadera, jurarémonos una amistad perdurable; unos serán nuestros intereses, una nuestra fortuna... Sí, la mano que se levante para vosotros, americanos, séquese; y la lengua que se aguce para zaheriros quede pegada al paladar...

   Cada artículo de esos reglamentos es el resultado de la meditación de muchos años y del estudio de los mejores políticos; sintamos empero que hubiesen aquellos legisladores dictado leyes para un pueblo tierno aún todavía en ideas liberales, para no poder desarrollar mil otras generosas, que sólo pueden inspirarse con el decurso de los siglos y sazón que da la ilustración. Bien lo conocieron así cuando dijeron: (artículo 307 de la Constitución) “si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho [y del derecho], la establecerán en la forma que juzguen conducente.”[29]

   Los ingleses, maestros sin duda en la legislación criminal, tienen por verdad incuestionable: “que donde no hay jurados, no hay libertad civil.” Prometámonos verlos establecidos entre nosotros, y siguiendo nuestro objeto, indiquemos lo que hemos mejorado con la ley del 9 de octubre.

   El artículo 25 da voto a los fiscales en las causas en que no sean parte, cuando no haya suficientes ministros para determinarlas, o dirimir una discordia.[30] Por el 26, será oído este ministro en todas las causas, aunque haya parte que acuse. En las civiles lo será únicamente cuando interesen a la causa pública, o a la defensa de la jurisdicción ordinaria.[31]

   Por el 28, en las causas criminales y civiles, en que hagan las veces de actor, o coadyuven al derecho de éste, hablarán en estrados antes que el defensor del reo, o persona demandada; y podrán ser apremiados a instancia de las partes, como cualquiera de ellas.[32]

   Por semejantes medidas, las causas tendrán un juez más que las juzgue, que no es poca ventaja; los delitos serán doblemente perseguidos en obsequio de la paz pública; los fiscales no demorarán el despacho; las respuestas de éstos jamás se reservarán a las partes; y caerá por tierra el funesto y antiguo privilegio fiscal de hablar después del reo con bastante acrimonia, y prevenir la opinión contra éste, que por semejante causa quedaba en cierto modo inaudito.

   La división y alternativa de sala en una audiencia es pensamiento feliz, así porque diversifica los jueces, como porque los aumenta. No lo es menos la ley que manda que en los juicios sumarísimos de posesión, en que habrá de ejecutarse siempre la sentencia de la primera instancia, sin embargo de apelación, no haya lugar a súplica de la sentencia de vista, confirme o revoque la del inferior.[33] Sobre todo, es de mayor interés que los recursos de nulidad se interpongan de una sala para otra, en la audiencia donde haya tres; y donde no, de una audiencia para otra en un mismo distrito.[34] Esto ahorra muchos recursos de injusticia notoria al rey, y a la sala de mil y quinientas; recursos siempre costosos, perjudiciales a las partes y causa pública, y de éxito dudoso. ¿Qué dirá la Audiencia de México[35] (dirán los oidores de Puerto Príncipe) si no nos ajustamos a la ley, y damos una pilatuna? Esta reflexión sencillísima, natural y de pundonor, equivale al tenor de una residencia, y endereza la conducta de los magistrados para verse mucho en lo que votan.a

   El capítulo segundo de esta ley presenta no pocos artículos, que sería muy largo de analizar.[36] El 16 previene que, en las causas criminales, después de concluido el sumario y recibida la confesión, no al reo, sino al tratado como reo (distinción desconocida para nuestros mayores, como he notado, pero esencial), todas las providencias y demás actos que se ofrezcan serán en audiencia pública, y las causas criminales y civiles se sentenciarán ocho días precisamente después de su conclusión.[37] Por el artículo 30, los vir[r]eyes, capitanes generales, y gobernadores militares, se limitarán al ejercicio de la jurisdicción militar...[38] Fractent fabrilia Fabri.[39] Por bien intencionado y justo que sea un jefe de esta profesión, ¿cómo podrá decidir acertadamente en asuntos contenciosos? La ley de partida quiere que más sepan de fechos de armas, que de leyes.[40] Tanto en los recursos, como en todos los demás negocios, dice el artículo 55: las audiencias y cualesquiera otros tribunales y jueces guardarán a los abogados y defensores de las partes la justa libertad que deben tener `por escrito y de palabra para sostener los derechos de sus defendidos. Los abogados, así como deben proceder con arreglo a las leyes, y con el respeto debido a los tribunales, serán tratados por éstos con el decoro correspondiente, y no se les interrumpirá ni desconc[e]ertará cuando hablen en estrado, ni se les coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su encargo.[41] Lo mismo ha prevenido Alfonso el Sabio en las Leyes de Partida que fablan de los voceros.

   Tan sabia disposición me hace recordar tristemente los amargos momentos que el oidor decano don Cosme de Mier y Trespalacios dio a éstos, tratándolos con el más alto desprecio en el tribunal, no menos que a los relatores, receptores y escribanos;[42] y la horrible catástrofe de un letrado de Lima, que cayó muerto a los pies del escaño en que estaba hablando, por un desaire que le infirió en el mismo tribunal un oidor altanero. Siempre los malos jueces se han tornado contra la voz terrible que reprende sus demasías, y el canto de Sísifo no es más desagradable para ellos que el razonamiento de un letrado que les habla con todo el lleno de la justicia y energía de la verdad. Una de las principales pretensiones que tuvo el conquistador Hernán Cortés con Carlos V, fue que no vinieran letrados de España. “Cuando un desgraciado litigante (dice el sabio Canel Acebedo, ya citado) llegaba a presentar al cabo de muchas horas, o tal vez días, a un orgulloso ministro algún memorial con manos trémulas..., y un corazón palpitante, poco menos era éste que un amo con el azote levantado, y aquél como un vil esclavo que espera desdichadamente cuándo descarga sobre él toda su furia.” Ésta ha sido nuestra situación, de que ahora nos veremos redimidos teniendo por jueces a ciudadanos íntegros, revestidos de modestia. De estas escenas hemos sido testigos: sálgame al frente el que osare desmentirme.

   Tales son (aunque muy en bosquejo) las ventajas que proporciona esa Carta, y que se han analizado en Veracruz[43] más de lo que parece, a un don Fulato de Tal,[44] que se ha atrevido a decir en un papel, que ha presentado al público de aquella plaza..., que el valor de sus vecinos, en los momentos de poner en planta sus designios de jurar la Constitución, fue igual a la instantánea sensualidad de los brutos, o como la violenta pasión de los tunos (son sus palabras). Valiente modo procacísimo de insultar a todo un público que, a impulsos de su lealtad, cumplió con los votos de la nación española, y dio un laudable movimiento al reino todo para que llenase este deber; hablárase mejor en un garito infame, y tratárese con más decoro a una vil prostituta. ¡Qué comparaciones!... con la sensualidad de los brutos... ¿Tan teñida de esas ideas tiene la imaginación el autor de ellas, que no puede hacer uso de otras más decorosas para hablar a un pueblo honrado y reprenderle sus excesos, si acaso ha cometido algunos? ¿Tan fácil cosa le parece mudar en el día un gobierno, así como se muda un portero o un hortelano en un convento, y formar el edificio augusto de un gobierno liberal, sobre las ruinas y escombros de otro establecido sobre bases opuestas? Tenga modo ese escritor, y comience su carrera (si quiere hablar entre gentes) por los rudimentos de una buena educación política.

   Seis mil ciento diez leyes comprende el solo Código de Indias, que es parte de la legislación española. Todas ellas, metidas en la prensa de la buena razón, no dan el jugo benéfico que un capítulo de la Constitución española; léanse, medítense, y dígaseme si tengo razón. No tememos asegurar que en ella halla el ciudadano deslindados los derechos del monarca y de los pueblos;[45] detalladas las obligaciones de los magistrados; indicados los trámites de los juicios civiles y criminales;[46] sofrenado el despotismo;[47] contrapesado el poder de las autoridades entre sí; esparcida la semilla de la ilustración pública; alentado el mejor saber; inspirada la confianza a todo español en el gobierno bajo que vive;[48] elevados sus, sentimientos y noble orgullo, y puesta en práctica la verdadera caridad cristiana que consiste en hacer a otros el bien que querríamos se hiciese para nosotros mismos. Abramos, por tanto, los ojos americanos, y cerremos los oídos; abrámoslos para conocer las ventajas que en el actual estado de cosas se presentan a nuestra vista en esa Carta, la más sabia que se ha dado al imperio español en largos siglos, y cerremos los oídos a las falaces insinuaciones de la más refinada hipocresía, que, so color de religión, y apelando a la vil calumnia, osa deturpar esta obra de política. Cuando no contuviera las ventajas demostradas, reflexionemos que ella forma una regla segura de gobierno, y que más vale conducirse por ésta que por los antojos y caprichos de la arbitrariedad; el rey se tendrá por justamente satisfecho en decir: ... así es la voluntad de la Constitución y de los pueblos; y no...: así es la mía.

   La época presente nos presenta modelos de cariño que imitar. La señora doña Mariana Roo de Quintana, digna esposa de don José Matías, vecino principal de Mérida de Yucatán,[49] a pesar de la miseria a la que la ha reducido el embargo de los bienes de su esposo, una de las víctimas del despotismo, a quien se situó en San Juan de Ulúa[50] con gruesas prisiones por espacio de tres años, sin habérsele tomado ni una declaración, ni saber qué crimen se le imputaba, pues escribió, como yo, garantido con la ley de la imprenta, y ni conoció a los insurgentes, porque en Mérida no se conocieron tales duendes; esta señora, digo, acaba de presentar su ahogador de oro y diamantes, para que la primera letra de la dulce palabra Constitución se grabe con ellos en la lápida de la Plaza Mayor de Mérida[51] (Lealtad yucateca, número 4). ¡Vive Dios, ilustre matrona! Vive Dios, digo, que has obscurecido con el refinamiento de tu patriotismo el mérito de aquellas romanas que, cuando la guerra púnica que sostenía su patria, se despojaron de sus arracadas, y las llevaron al tesoro de la república porque Roma tirana estaba en peligro. Tu nación está en paz, a merced de esa Constitución que loas tan dignamente. Ya no será Roma ni Esparta las que se glorien de haber producido exclusivamente heroínas, tú lo eres, y tu nombre debe grabarse en el catálogo de las ilustres meridanas con los más bellos diamantes de Golconda...[52] Gloriate de que tus hijos y nietos no serán esclavos, como dices; de que tu esposo es un héroe que edificó con sus virtudes la prisión en que se le intentó obscurecer con la ignominia; y que los ultrajes con que se le pretendió inútilmente envilecer, sólo sirvieron para esplendorizarlo; porque, ¿quién nombra en San Juan de Ulúa a don José Matías Quintana sin compadecerlo? ¿Quién sin elogiarlo? ¿Quién el que no recuerde justamente con él la memoria de un hecho atroz, y de una horrenda injusticia?... ¡Ah, caro amigo, y amparador mío generoso! Las dulces lágrimas que todos derramamos en un tiempo por nuestra patria son ahora el bálsamo del consuelo con que cicratizamos las hondas heridas de nuestros corazones. Americanos, rindamos por tanto gracias al Supremo Legislador de las Naciones, y por él a los autores de la Carta grande que elogiamos; convencido[s] de la rectitud de las intenciones de sus autores, decidámonos a morir por la religión, patria y Constitución. ¡Plegue a Dios que mi voz sea oída, y que sea reputada por la de un sincero amigo y compatriota vuestro! Veracruz, 7 de julio de 1820, año tercero de la libertad española.

 

AVISO AL PÚBLICO

 

En Oaxaca[53] se halla de venta la imprenta de palo con que hizo sus primeros ensayos el memorable Juan de Witenberg,[54] descubridor de este arte maravilloso; trátase de imprimir con ella la historia de los perros que adiestraban en escuadrones los antiguos celtas, y con que atacaban a sus enemigos en la guerra; entretanto se han impreso con estos caracteres, y en estos últimos días, algunas proclamas y versicos, que si no están de los perros, están de los diablos;[55] no obstante, esto no servirá de obstáculo al comprador para su venta, que será en precio cómodo. Podrá ser una especulación útil de comercio en la culta Europa, donde apreciarán dignamente estos caracteres, que para los americanos, poco afectos a antigüedades, sólo sirven de irrisión y befa. Podrá tratarse con el padre prepósito de San Felipe[56] de aquella ciudad, dueño de tan peregrina compilación.

 

  Se continuarán los números de este periódico en menos páginas.





[1] Título V, capítulo I, artículo 252: “Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 90.

[2] confesonario por confesionario.

[3] Bustamante se refiere al título V De los tribunales y de la administración de justicia en lo civil y en lo criminal, capítulo I De los tribunales, artículos 245, 246, 254 y 255. Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., pp. 289-290.

[4] Libro II, título 15, ley XXXVI: “Que excediendo los Vireyes ó Presidentes de las facultades que tienen, las Audiencias les hagan los requerimientos, que conforme al negocio pareciere, sin publicidad; y si no bastaren, y no se causare inquietud en la tierra, se cumpla lo proveido por los Virreyes, ó Presidentes, y avisen al Rey. Porque en algunas ocasiones han sucedido diferencias entre los Virreyes, ó Presidentes, y los Oidores de nuestras Reales Audiencias de las Indias, sobre que los Virreyes, ó Presidentes exceden de lo que por nuestras facultades les concedemos, é impiden la administración y execucion de la justicia: Mandamos que sucediendo casos en que á los Oidores pareciere que el Virey, ó Presidente excede y no guarda lo ordenado, y se embaraza y entromete en aquello que no debia, los Oidores hagan con el Virey, ó Presidente las diligencias, prevenciones, citaciones y requerimientos, que según la calidad del caso, ó negocio pareciere necesario, y esto sin demostración, ni publicidad, ni de forma que se pueda entender de fuera; y si hechas las diligencias, é instancias, sobre que no pase adelante, el Virey, ó Presidente perseverare en lo hacer y mandar executar, no siendo la materia de calidad en que notoriamente se haya de seguir de ella movimiento, ó inquietud en la tierra, se cumpla y guarde lo que el Virey, ó Presidente hubiere proveido, sin hacerle impedimento ni otra demostración; y los Oidores nos dén aviso particular de lo que hubiere pasado, para que Nos lo mandemos remediar como convenga.” Cf. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, t. I, pp. 334-335.

[5] Los artículos señalados por Bustamante se refieren al procedimiento de elección y certificación del nombramiento de diputados. Sólo en el artículo 46 del capítulo III se menciona claramente a los alcaldes: “Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político o el alcalde de la ciudad, villa o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco, para mayor solemnidad del acto; y si en un mismo pueblo, por razón del número de sus parroquias se tuvieren dos o más juntas, presidirá una el jefe político o el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores por suerte presidirán las demás.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 65.

[6] Juntas de Seguridad. Cf. nota 10 a Carta de los Guadalupes a don José María Morelos. Marzo 3, 5 y 6 de 1813, en este volumen.

[7] Se trata del artículo 301 de la Constitución, que dice: “Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos, y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quienes son.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 95.

[8] Se trata del artículo 291 de la Constitución, que dice: “La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio.” Ibidem, p. 94.

[9] Se trata del artículo 294, que dice: “Sólo se hará embargo de bien cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse.” Idem.

[10] Paladión. Paladio o Paladión, estatua de Palas Atenea, de cuya conservación dependía la seguridad de Troya.

[11] Troja nunc stares! [Ojalá] Troya, ahora estuviera de pie.

[12] Cf. nota 133 de este folleto.

[13] Se trata del artículo 296 de la Constitución, que dice: “En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 94.

[14] Se trata de los tres siguientes artículos: 303.“No se usará nunca del tormento ni de los apremios”; 304. “Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes”; 305. “Ninguna pena que se imponga por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció.” Ibidem, p. 95.

[15] El artículo 298 de la Constitución establece: “La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.” El artículo precedente, 297, dice que las cárceles han de servir “para asegurar y no para molestar a los presos”, todos en “buena custodia” y sólo incomunicados aquellos que mande el juez, pero “nunca en calabozos subterráneos ni malsanos”. El artículo 299 establece castigo al juez y el alcaide que falten a lo dispuesto en los artículos ya citados. Ibidem, p. 94.

[16] Trofonio. Arquitecto griego. Construyó el templo de Delfos.

[17] El Decreto de Cortes de 9 de octubre de 1812 dice en el capítulo 1°, artículo 56: “Las Audiencias con asistencia del Regente y de todos sus Ministros y Fiscales, harán anualmente en público visita general de cárceles en los días señalados por las leyes, y además en el 24 de septiembre, aniversario de la instalación del Congreso Nacional, extendiéndola a cualquiera sitios en que haya presos sujetos à la jurisdicción ordinaria, y del resultado de estas visitas remitirán inmediatamente certificación al Gobierno para que éste lo haga publicar y pueda tomar las providencias que correspondan en uso de sus facultades. Sin perjuicio de ello, las Audiencias de Ultramar publicarán desde luego en su territorio las mencionadas certificaciones.” El artículo 58 establece: También se hará en público una visita semanal de cárceles en cada sábado, asistiendo dos Ministros à quienes toque por turno con arreglo á las leyes, y los dos Fiscales.” El artículo 59 dice: “En las visitas de una y otra clase se presentarán precisamente todos los presos, como dispone la Constitución; y los Magistrados, además del examen que se acostumbra hacer, se reconocerán por sí mismos las habitaciones y se informarán puntualmente del trato que seda á los encarcelados, del alimento y asistencia que reciben y de si se les incomoda con más prisiones que las mandadas por el Juez ó si se les tiene sin comunicación no estando así prevenido. Pero si en las cárceles publicas hallasen presos correspondientes à otra jurisdicción, se limitaran a examinar cómo se les trata, á remediar los abusos y defectos de los Alcaldes y á oficiar á los Jueces respectivos sobre lo demás que adviertan.” Cf. La Constitución de 1812..., t. I, pp. 313-317.

[18] El Decreto de Cortes de 9 de octubre de 1812, en su capítulo primero, artículo 57 establece: “Asistirán sin voto á estas visitas generales, interpolados con los Magistrados de la Audiencia después del que las presida, dos individuos de la Diputación Provincial ó del Ayuntamiento del pueblo en que resida el Tribunal, si no existiese allí Diputación ó no estuviese reunida; y con este objeto la Audiencia señalará la hora proporcionada y lo avisará anticipadamente a la Diputación ó al Ayuntamiento para que nombre los dos individuos que hayan de concurrir.” Idem.

[19] Se trata del “Decreto de las Cortes sobre arreglo de Tribunales y sus atribuciones reimpreso en México por orden del virrey de 19 de marzo de 1813 y á consecuencia de la regencia de 4 de noviembre del año anterior.” Consta de 4 capítulos, a saber: 1° De las Audiencias; 2° De los jueces letrados de partido; 3° De los alcaldes constitucionales de los pueblos y 4° De la administración de justicia en primera instancia, hasta que se formen los partidos. Cf. La Constitución de 1812 ..., t. I, pp. 304-323.

[20] recurso de fuerza. Cf. nota 122 de este folleto.

[21] En 1775 fracasó la última tentativa de los españoles contra Argelia, expedición al mando del general O’Reilly. Los piratas berberiscos sometieron entonces a los pequeños Estados cristianos del Mediterráneo. En abril de 1815, el comodoro Decatur derrotó a la flota argelina cerca de Cartagena. En 23 de mayo de 1816 el rey hizo degollar a las tripulaciones de unos barcos italianos. Esto fue causa de una expedición marítima angloholandesa, que bombardeó a Argel y dio libertad a los cautivos cristianos.

[22] Por decreto de 22 de abril de 1811 las Cortes de Cádiz abolieron “para siempre el tormento en todos los dominios de la Monarquía Española, y la práctica introducida de afligir y molestar á los reos por los que ilegal y abusivamente llamaban apremios: y prohiben los que se conocían con el nombre de esposas, perrillos, calabozos extraordinarios y otros, cualquiera que fuese su denominación y uso, sin que ningún Juez, Tribunal ni Juzgado, por privilegiado que sea, pueda mandar ni imponer la tortura, ni usar de los insinuados apremios, bajo responsabilidad y la pena, por el mismo hecho de mandarlo, de ser destituidos los jueces de su empleo y dignidad, cuyo crimen podrá perseguirse por acción popular, derogando desde luego cualesquiera ordenanzas, ley, órdenes y disposiciones que se hayan dado y publicado en contrario.” Cf. La Constitución de 1812..., t. II, p. 89-90.

[23] Cosme de Mier y Trespalacios (1790). Fue juez de teatro con el fin de que en los espectáculos del Coliseo hubiese el mayor decoro posible por la buena elección de las obras que representasen; el conde de Revillagigedo hizo en la persona de Mier y Trespalacios, del Consejo de su Majestad y su oidor en la Real Audiencia, especial nombramiento por Juez del Teatro de Comedias. Olavarría y Ferrari, Reseña histórica del teatro en México1538-1911, t. I, p. 77. En el Diario de México del 17 de febrero de 1812 se menciona a Mier y Trespalacios como consejero honorario de Indias y regente electo de la Real Audiencia.

[24] Se trata del artículo 306. Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 95.

[25] María Ana Roo de Quintana. En 1813 donó brillantes para adornar la placa conmemorativa de la Constitución colocada en el frontispicio del Ayuntamiento de Mérida. Se le menciona como una defensora del derecho, como su marido José Matías Quintana.

[26] José Matías Quintana (1767-1841). Escritor, orador y político yucateco. Padre de Andrés Quintana Roo. Liberal de los “sanjuanistas”que defendían las ideas constitucionales españolas. Publicó el periódico yucateco Clamores de la fidelidad americana vs. la opresión (1814). Atacó al virrey Calleja. Al abolirse la Constitución de 1812 cayó preso junto con Lorenzo de Zavala y Francisco Bates. Fue remitido a San Juan de Ulúa donde permaneció hasta 1817. A su regreso fue miembro de la Confederación Patriótica a favor de la independencia de Yucatán.

[27] Academia de México. Cf. nota 25 a Diálogo sobre El Pensador Mexicano número 17..., en este volumen.

[28] El artículo 297 establece: “Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos: así el alcaide tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos y malsanos.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 94.

[29] Ibidem, p. 95.

[30] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo I De las Audiencias, artículo 25. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 309.

[31] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo I De las Audiencias, artículo 26. Idem.

[32] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo I De las Audiencias, artículo 28. Idem.

[33] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo I De las Audiencias, artículo 43, que en su texto completo dice: “En los juicios sumarísimos de posesión, en los cuales se ejecutará siempre la sentencia de primera instancia sin embargo de apelación, no habrá lugar a suplica de la sentencia de vista, confirme o revoque la del juez inferior. En los plenarios sólo se podrá suplicar de la sentencia de vista cuando no sea conforme a la de primera instancia y la cantidad exceda de quinientos pesos fuertes en la Península e Islas adyacentes, y de mil en Ultramar.”Ibidem, p. 311-312.

[34] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo I De las Audiencias, artículo 48, que dice: “En las Audiencias de Ultramar que tengan tres salas se interpondrá y decidirá el recurso de nulidad de la sentencia de revista en la Sala que no haya conocido del negocio en segunda ni tercera instancia. Pero si para determinar el recurso no hubiesen quedado en la Audiencia cinco Jueces hábiles, se remitirá a otra con arreglo al artículo 268 de la Constitución [artículo 268: ‘ A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de nulidad, debiendo éstos interponerse en aquellas Audiencias que tengan suficiente número para la formación de tres Salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las Audiencias que no consten de este número de Ministros, se interpondrán estos recursos de una a otra de las comprendidas en el distrito de una misma gobernación superior; y en el caso de que en éste no hubiere más que una Audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito.’ ]” Ibidem, p. 312.

[35] Audiencia (de México). Se llamaron así los Tribunales colegiados de apelación y súplica del fuero común. Se instituyeron para corregir los abusos que pudieran cometer los virreyes. La de México fue creada por Carlos V a fines de 1527. Se componía de un regente y diez oidores que formaban dos Salas para los negocios civiles, y otra con cinco alcaldes de Corte para los criminales. Sólo los oidores formaban el Acuerdo ordinario, al que eran llamados en casos de mucha gravedad los Alcaldes de Corte, y éstos tenían a su cargo cinco de los ocho cuarteles mayores en que estaba dividida la ciudad; tenía tres fiscales: de lo civil, de lo criminal y de Real Hacienda. El distrito de la Audiencia de México lo formaban las siguientes provincias: Nueva España, Yucatán, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas, Internas de Oriente en el Mar del Norte, y en el sur desde donde acababan los términos de la Audiencia de Guatemala, hasta donde comenzaban los de la Nueva Galicia. Cf. Francisco de Paula de Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867, p. 23.

a Oderunt facere mala virtutis amore, dice Heinecio. Odian hacer mal por amor a la virtud.

[36] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo II De los Jueces letrados de partido, compuesto por 34 artículos. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 315-320.

[37] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo II, artículo 16 que a la letra dice: “En las causas criminales, después de concluido el sumario y recibida la confesión al tratado como reo, todas las providencias y demás actos que se ofrezcan serán en Audiencia pública para que asistan las partes si quisieran”. El artículo 18 del mismo capítulo establece: “Todos los jueces de primera instancia sentenciarán las causas criminales o civiles de que conozcan, dentro de ocho días precisamente después de su conclusión.” Ibidem, p. 317.

[38] El artículo 30 del capítulo II del Decreto de 9 de octubre de 1812 establece: “Los Virreyes, Capitanes y Comandantes Generales de las Provincias y los Gobernadores Militares de plazas fuertes y de armas, se limitarán al ejercicio de la jurisdicción militar y de las demás funciones que les competan por ordenanzas; y quedan suprimidos todos los demás gobiernos y Corregimientos y Tenencias de Letras, las Alcaldías Mayores de cualquiera clase y las Subdelegaciones en Ultramar, luego que, hecha y aprobada la distribución provisional de partidos, se nombren los Jueces de ellos.” Ibidem, p. 319.

[39] Fractent[sic] fabrilia Fabri. Que los artesanos se ocupen de artesanías. Igual a zapatero a tus zapatos.

[40] En la ley de Partida II, título XXI De los caballeros et de las cosas que les conviene de facer, se contienen 25 leyes. En la ley 10 se dice: “Ca pues que con estas han de facer los fechos darmas que es su meester...” Cf. Las siete partidas..., t. II, p. 204.

[41] Se trata del Decreto de 9 de octubre de 1812, capítulo I De las Audiencias, artículo 55. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 313.

[42] escribano de cámara. La labor que realizaban estos funcionarios en la Audiencia se puede equiparar con la que en la actualidad hacen los secretarios de acuerdos en los tribunales mexicanos: poner por escrito lo resuelto por la audiencia, extender certificaciones, notificar a las partes, conservar los autos, recibir promociones, llevar los libros de registro, en ocasiones examinar testigos y en general dar fe como cualquier escribano de cámara. Era un oficio vendible y renunciable, tenían nombramiento directo del rey y su número varió en la Audiencia de México. Su salario lo cobraban por costas judiciales a los litigantes, según su arancel. En la 2ª mitad del siglo XVIII, los escribanos de Cámara se colegiaron en el Ilustre y Real Colegio de Escribanos de México. Cf. José Luis Soberanes Fernández, Los tribunales de la Nueva España, pp. 55-56.

[43] Veracruz. Cf. nota 116 a Inquisición de México, en este volumen.

[44] Fulano de Tal. Cf. nota 4 a Aplaudo el mérito... y nota 1 a Continúa la Censura vindicada ayer..., ambos en este volumen.

[45] Derechos del monarca y de los pueblos. Cf. nota 106 de este folleto.

[46] En el título V De los tribunales y de la administración de justicia en lo civil y en lo criminal, en los siguientes capítulos: I. De los tribunales; II. De la administración de justicia en lo civil; III. De la administración de justicia en lo criminal. Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., pp. 89-95.

[47] El título III De las Cortes establece en 8 capítulos la elección de diputados, la celebración y las facultades de las Cortes, así como la formación de leyes y su sanción real. Ibidem, pp. 63-78.

[48] El título I De la nación española y de los españoles. Ibidem, pp. 60-6