SEMANARIO POLÍTICO Y LITERARIO DE MÉXICO

26 de julio de 1820

 

Chanfaina sequita o carta a El Pensador[1]

 

Con la aplicación a varios casos del chistoso cuento de un prelado de cierta comunidad que todos los días daba de comer a sus frailes chanfaina caldosa,[2] con lo cual estaban muy descontentos, y valiéndose de esta circunstancia otro fraile astuto, consiguió engañarlos diciendo: si llego a ser prelado la chafaina se-quita, y elegido con efecto, no hizo otra novedad que dársela sin caldo, manifiesta el autor sus deseos de que todo se arregle a la Constitución[3] que hemos jurado y a las nuevas instituciones mandadas observar por repetidos decretos de su majestad; pero no podemos menos de advertir que a los jueces de letras[4] no les está expresamente prohibido tener comisión ni otra ocupación que la del despacho de los negocios de su tribunal, como lo está a los regentes, ministros y fiscales de las audiencias por el artículo 16, capítulo I de la Ley de Arreglo de Tribunales;[5] y que siendo provisionales o interinos los nombrados para esta capital, y las comisiones que se han dado a algunos pertenecientes al orden judicial, sin razón se declama sobre este punto en el papel. Asimismo, sin razón se cita al excelentísimo señor virrey conde de Calderón, don Félix María Calleja,[6] porque cuando nombró un fiscal de la hacienda pública, todavía estaba subsistente este juzgado conforme al artículo 32, capítulo 2,[7] y luego que se recibió aquí el decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813[8] sobre arreglo de tribunales de la hacienda pública, se le dio el debido cumplimiento, habiendo cesado la Junta Superior[9] en el ejercicio de toda jurisdicción contenciosa, y nombrándose para el conocimiento de las causas en esta capital al señor don Fernando Fernández de San Salvador,[10] como todo se contiene en el Bando de 23 de julio de 1814.[11] Y en cuanto al reparo de que los jueces de letras no pueden ser individuos de la Junta de Censura,[12] debemos advertir que en sesión celebrada por la de esta capital el día 11 del presente se acordó que se participe a la suprema de Madrid,[13] hallarse vacante la plaza del señor doctor don Tomás Salgado,[14] actual juez de letras, por estar impedido con arreglo al artículo 3 del decreto adicional de 10 de junio de 1813.[15]

 


[1] T. I, núm. 3, pp. 69-70.

[2] chanfaina caldosa. Chanfaina. Especie de picadillo de menudo con arroz, cocido y hecho en caldo. Santamaría, Dic. mej. Fernández de Lizardi en su folleto No rebuznó con más tino el pobre alcalde señala una nota a que dice: “chanfainas. «Serviles». Es frase del autor de La Mujer Constitucional a quien no he respuesto porque no necesita respuesta las verdades que estampa”. Cf. Obras X-Folletos, p. 359

[3] Constitución. Cf. nota 13 a Sermón político-moral, en este volumen.

[4] jueces de letras. Cf. nota 4 a Preguntilla sueltas, en este volumen.

[5] Ley de Arreglo de Tribunales, capítulo I. De las Audiencias, artículo 16: “Los regentes, ministros y fiscales de las Audiencias no podrán tener comisión alguna ni otra ocupación que la del despacho de los negocios de su Tribunal”. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 307.

[6] Félix María Calleja. Conde de Calderón (1755-1828) 60° virrey de la Nueva España (1813-1816). Tomó posesión el 4 de marzo de 1813. A fines de ese año en México cayó una epidemia que mató a más de 17 mil personas. Organizó el Ejército del Centro durante la Guerra de Independencia. Fue uno de los virreyes más sangrientos en su lucha contra el Congreso de Chilpancingo (septiembre de 1813) y la Constitución de Apatzingán. Publicó una Instrucción formada para ministrar la vacuna como único preservativo al contagio de viruelas.

[7] El Decreto de Cortes sobre Arreglo de Tribunales y sus atribuciones fue dado en Cádiz el 9 de octubre de 1812. Fue reimpreso en México por orden del virrey Calleja el 19 de marzo de 1813. En el capítulo II, artículo 32 de este decreto se establece: “No debiendo haber, según lo dispuesto en la Constitución, más fueros privilegiados que el eclesiástico y el militar, cesarán en el ejercicio de jurisdicción todos los demás Jueces Privativos de cualquiera clase, y cuantos negocios civiles y criminales ocurran en cada partido, se tratarán ante el Juez letrado del mismo y los Alcaldes de los pueblos, como se previene en esta ley. Exceptuándose, sin embargo, los Juzgados de la Hacienda Pública, los Consulados y los Tribunales de Minería, que subsistirán por ahora según se hallan hasta nueva resolución de las Cortes.” Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 319.

[8] Decreto de Cortes del 13 de septiembre de 1813 sobre los Tribunales que han de conocer de los asuntos contenciosos de la Hacienda Pública. “Don Félix María Calleja del Rey [...] Por el Supremo Ministerio de Hacienda se me ha comunicado con fecha de 16 de septiembre del año próximo pasado la Real Orden que sigue: ‘Excelentísimo señor: —La Regencia del Reino se ha servido dirigirme con esta fecha el Decreto siguiente: —DON FERNANDO SÉPTIMO, por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino nombrada por las mayúsculas Cortes Generales y Extraordinarias, á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales Extraordinarias han decretado lo que sigue: —Las Cortes Generales y Extraordinarias, deseando fijar las reglas oportunas para que en los negocios contenciosos de la Hacienda Pública se administre la justicia con arreglo á los principios sancionados en la Constitución Política de la Monarquía, y teniendo presente que conforme á ella, por Decreto de 17 de abril de el año próximo pasado, se suprimió el Consejo de Hacienda, han venido en decretar y decretan: —Artículo 1. Todos los negocios contenciosos de la Hacienda Pública sobre cobranza de contribuciones, pertenencia de derechos, reversión é incorporación, amortización, generalidades, correos, patrimonio real, contrabandos, delitos de los empleados en el ejercicio de sus funciones y las demás causas y pleitos de que han conocido hasta ahora los Intendentes y Subdelegados de Rentas y el Consejo suprimido de Hacienda. Se fenecerán en las Provincias conforme al artículo 262 de la Constitución, substanciándose y determinándose en primera instancia por Jueces letrados y en segunda y tercera por las Audiencias respectivas, así en la Península é Islas adyacentes, como en Ultramar. 2. Sin embargo de esto, los asuntos contenciosos que ocurran sobre liquidaciones de cuentas por la Contaduría Mayor, ó sobre las que practique la Junta Nacional de Crédito Público, se determinarán en vista y revista por la Audiencia de la capital donde resida la Corte, como radicados en ésta, asistiendo con voto consultivo un individuo de la Contaduría Mayor ó de la Junta Nacional, en los respectivos casos. 3. Las causas y pleitos sobre contratos generales ó particulares se ventilarán en sus respectivas instancias ante los Jueces de letras y las Audiencias que se hubiesen designado en los contratos, y á falta de este señalamiento, ante los Juzgados y Tribunales del territorio á que correspondan, por las reglas generales del derecho. 4. en cada una de las Tres Provincias Vascongadas y en Navarra habrá para los negocios contenciosos de Hacienda un Juez de primera instancia, que se llamará así y lo será el de letras de cada una de las cuatro capitales. 5. En Cataluña habrá siete Jueces de la misma clase: El primero en Barcelona, que comprenderá el Corregimiento de este nombre, y los de Mataró y Villafranca: el segundo en Tarragona, que comprenderá también el Corregimiento de Tortos: el tercero en Cervera, que comprenderá igualmente del de Lerida: el cuarto en Talarn, que comprenderá el Valle de Arán: el quinto en Vich, que comprenderá el de Manresa. El sexto en Urgel, para todo el Corregimiento de Pigeerdá; y el séptimo en Gerona, que comprenderá asimismo el de Figueras. Estos Jueces serán también los mismos de letras de las siete capitales respectivas, nombrándolos el Gobierno en donde no los hubiere; y en cada una de ellas se establecerá un Abogado, Fiscal y Escribano para las causas y pleitos de Hacienda, subsistiendo todo lo económico y gubernativo en el mismo pie que ha estado hasta ahora. 6. En la provincia de Valencia habrá cinco Jueces de la misma clase: el primero en la capital, que comprenderá su gobernación ó partido, y el de Alcira; el segundo en Castellón de la Plana, que comprenderá igualmente los partidos de Morella y Peñíscola: el tercero en la ciudad de Pativa, que comprenderá también el de Denía: el cuarto en Alicante, que comprenderá la gobernación de Alcoy; y el quinto en Orihuela, que comprenderá la de Hijona. Estos cinco Jueces serán los mismos de letras de las capitales respectivas, y en cada una de ellas se establecerá, donde no los hubiere, un Abogado, Fiscal y Escribano para las causas y pleitos de Hacienda, subsistiendo todo lo económico y gubernativo en el mismo pie que ha estado hasta hora. 7. En Aragón serán siete los Jueces de la misma clase: el primero en Zaragoza, para el partido de este nombre y los de Tarazona y Borja: el segundo en Daroca, para este partido y el de Calatayud: el tercero en Teruel, que comprende su partido y el de Albarracín: el cuarto en Alcañiz, para sólo su partido: el quinto en Barbastro, que comprende su partido y los de Benabarre y Fraga: el sexto en Huesca, para este partido y el de Jaca; y el séptimo en cinco Villas, para sólo su partido. Estos siete Jueces serán los mismos de letras de las capitales respectivas, y en cada una de ellas se establecerá, donde no los hubiere, un Abogado, Fiscal y Escribano para las causa y pleitos de Hacienda, subsistiendo todo lo económico y gubernativo en el mismo pie que ha estado hasta ahora. 8. En las demás Provincias de la Monarquía, los Jueces letrados de las capitales de los partidos donde hay actualmente Subdelegación de Rentas, lo serán también y se llamarán de primera instancia, para los negocios contenciosos de Hacienda que ocurran en los partidos de las mismas Subdelegaciones, actuando privativamente en ella los mismos Abogados, Fiscales, Escribanos y demás subalternos que éstas tengan. 9. En las capitales en que hubiere dos ó más Jueces de primera instancia, lo será para los negocios contenciosos de Hacienda el que designare el Gobierno. 10. Todos los Jueces referidos que han de conocer en primera instancia de las causas y pleitos de Hacienda en sus respectivos territorios, serán iguales en la autoridad é independientes unos de otros. 11. Así en los Juzgados de primera instancia como en las Audiencias, se despacharán con preferencia á todas las causas civiles, las respectivas á la Hacienda Pública. 12. En las causas sobre cobranzas de débitos de contribuciones, no se admitirá la apelación de la sentencia condenatoria sino después de hecho el pago. 13. En las causas de fraude contra cualquiera de las Rentas de la Hacienda Pública queda derogado todo fuero, con arreglo á lo que se previno en el artículo 19 de la Instrucción de 22 de julio de 1761. 14. Los Intendentes no ejercerán funciones judiciales, ni conocerán de los negocios contenciosos de Hacienda, ni podrán llamar las causas pendientes en justicia; pero podrán pedir acerca de ellas á las Audiencias y Jueces de primera instancia cuantas noticias estimen, para dar cuenta al Gobierno de las dilaciones y defectos que adviertan, y ejercerán toda la autoridad gubernativa y económica que les conceden las leyes é instrucciones, para cuidar de la recaudación, administración y dirección de las Rentas, cobranzas de débitos, buen desempeño de los empleados, y promover por todos los medios los intereses de la Hacienda Pública. 15. Mientras que llega el caso de establecerse los Jueces de primera instancia de los partidos, conforme al Decreto de las Cortes de 9 de octubre próximo pasado, conocerán en primera instancia de los negocios contenciosos de Hacienda, con las apelaciones á las Audiencias respectivas, los Corregidores letrados ó Alcaldes Mayores de los Pueblos en que haya Juzgado de Subdelegación de Rentas. En Ultramar continuarán conociendo los Subdelegados actuales con dictamen de Asesor, si no fuesen de letras, hasta que se verifique dicho establecimiento y en su defecto los Tenientes letrados donde los hubiere; pero las Subdelegaciones que vaquen entre tanto, no se proveerán sino en letrados. 16. Las causas contenciosas de Hacienda pendientes en la actualidad, pasarán para su continuación á los Jueces ó Tribunales á quienes corresponda su conocimiento según el tenor de este Decreto. 17. Los que por principal destino tuvieran asesorías con nombramiento del Rey, y por lo resuelto de este decreto debieren cesar en su ejercicio, disfrutarán el sueldo que les está asignado, ínterin se les coloca en otros proporcionados á sus conocimientos, servicios y aptitud. Lo tendrá entendido la Regencia para su cumplimiento y lo hará imprimir, publicar y circular. — José Miguel Gordoa y Barrios, Presidente. — Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario. — Manuel Riesco y Puente, Diputado Secretario. Dado en Cádiz á 13 de Septiembre de 1813.— A la Regencia del Reino. — Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente Decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido y dispondréis se imprima, publique y circule. — L. de Borbón, Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, Presidente. — Pedro de Agar. — Gabriel Ciscar. — En Cádiz á 16 de septiembre de 1813.— A Don Manuel López de Araujo.— De orden de la Regencia del Reino lo comunico á V. E. Para su inteligencia y efectos correspondientes, avisándome de su recibo.’ Para dar más puntual cumplimiento á esta soberana resolución en todas sus partes, tuve á bien oír al Señor Fiscal encargado de Hacienda Pública, como también á la Comisión de Consulta para el arreglo de Tribunales, y habiéndose examinado últimamente lo expuesto por aquel Señor Ministro y esta Corporación en Junta Superior de la misma Hacienda Pública, que presidí el día 12 de corriente, he resulto, á consecuencia de lo acordado en ella, que cesando desde luego la propia Junta en el ejercicio de la Jurisdicción contenciosa de los negocios de Hacienda, se pasen éstos para la continuación de la segundas instancias á los Tribunales á que corresponda su conocimiento, según el tenor del Decreto referido: declarando por lo respectivo á las primeras, que los Subdelegados de que habla el artículo 15 en su segunda parte, son los Jueces que se conocen generalmente con esta denominación, y nombrando para el conocimiento de los que ocurran de esta clase en esta Capital al señor don Fernando Fernández de San Salvador, como uno de los jueces de letras de la misma y Asesor de su Intendencia, en cuyo empleo debe cesar conforma á lo prevenido en el artículo 17 de dicho real Decreto. Y para que llegue a noticia de todos, mando que esta resolución se publique por Bando en esta capital y en las demás ciudades, villas y lugares del reino, remitiéndose los ejemplares de estilo á los Tribunales, Magistrados y jefes á quienes corresponda su inteligencia y observancia. Dado en México a 23 de julio de 1814. — Félix Calleja.— Por mandado de S. E., Josef Ignacio Negreyros y Soria. — (Rúbricas)”. Ibidem, t. II, pp. 130-134.

[9] Junta Superior de Hacienda. Véase la parte final del decreto de la nota anterior donde dice: “Para dar más puntual cumplimiento a esta soberana resolución en todas sus partes...”

[10] Fernando Fernández de San Salvador. Escribió Reflexiones del patriota americano. Licenciado don Fernando Fernández de San Salvador, asesor ordinario de S. M. de esta intendencia. México, 10 de octubre de 1810; esta Reflexión se incluyó en la Colección de escritos publicados en Nueva España por diferentes cuerpos y sujetos particulares, con motivo de los alborotos acaecidos en algunos pueblos de tierra adentro en septiembre de 1810. Valencia [España]: Imprenta de José Estevan, 1811, 259 pp. Cf. Meza Olivares y Olivera, Catálogo de la Colección Lafragua..., p. 4.

[11] Bando de 23 de julio de 1814. Da a conocer el decreto de Cortes de 13 de septiembre de 1813. Véase nota 8 de este folleto.

[12] Junta de Censura. Cf. nota 85 a Séptimo Juguetillo..., en este volumen.

[13] Junta Suprema de Censura de Madrid. Se restableció de acuerdo al decreto de 11 de marzo de 1820, con “los mismos individuos que la componían cuando se disolvió, á saber: D. Manuel José Quintana, Presidente, y los Vocales D. Felipe Bauzá, D. Martín Nava, D. Eugenio de Tapia, D. Pablo de la Llave, D. Vicente Sancho, D. Juan Acevedo y D. Francisco Martínez de la Rosa, Secretario; y previniendo que si algunos hubiesen fallecido, sean reemplazados por los suplentes que había en la misma época y que cuide la misma Junta Suprema del pronto restablecimiento de la Juntas provinciales en los mismos términos.” Cf. La Constitución de 1812 ..., t. I, p. 117.

[14] Tomás Salgado. “Abogado y político. Nació en Valle de Santiago, Guanajuato. Fue colegial de San Ildefonso de México, desde 1797; abogado de la Real Audiencia; individuo del Ilustre Colegio de Letrados; teniente letrado de la Intendencia de México hasta la caída del gobierno español. Consumada la Independencia, fue Juez de letras y de la Hacienda Pública; diputado al tercer Congreso General; ministro de Hacienda; Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia.” Cf. Leduc, Lara y Pardo y Roumagnac, Diccionario de geografía, historia..., p. 844.

[15] Decreto de 10 de junio de 1813. El artículo 3° dice: “No pueden ser individuos de las Juntas de Censura los Prelados Eclesiásticos, los Magistrados y Jueces, ni otra persona que ejerza jurisdicción civil ni eclesiástica.” Este decreto modifica el Reglamento de 10 de noviembre de 1810. Cf. Hernández y Dávalos, Colección de documentos..., t. V, p. 70.