SAL Y PIMIENTA A LA CHANFAINA[1]

 

Señor Pensador, mi amigo: si usted no fuera tan socarrón, no sé cómo había de entendérselas con la infinidad de impertinentes que le molestan; ya se ve, tanto tiempo de comer chanfaina[2] hace, por una parte, que parezca duro durísimo mudar de plato, y aun se teme que lo resienta el estómago, y originen los guisos nuevas indigestiones, y otras enfermedades; pero, por otra, es cierto que la malditísima chanfaina nos tiene en un estado de desesperación, y todos procuran no comerla ya seca, ni mucho menos con caldo, como se nos ha dado hasta ahora. Usted con no contestar se figura que cumple, y en pena debe sufrir nuestras reconvenciones, que se repetirán, y multiplicarán, hasta que mude de sistema.

Por ahora sólo se me ofrece, amigo, proponer a usted algunas reflexiones que me ocurren sobre el gracioso papel del Irónico,[3] sin que se entienda que trato de defraudarle su mérito, pues sólo me valgo de la libertad que me franquea la introducción, y artículo 1º del Reglamento de la Imprenta.[4]

Dice nuestro autor muy bien que los jueces de letras no deben tener comisión alguna, ni otra ocupación que la del despacho de los negocios de su tribunal; y dice mejor que los empleos de asesor de patronato y fiscal de hacienda y gobierno son enteramente desconocidos por nuestra Constitución,[5] contrarios a ella, y sólo adoptados por el gobierno despótico de Tiberio,[6] que quiso tener por apoyo a cierta junta nocturna, donde todo era tinieblas y sombras horrorosas.

Hasta aquí estámos conformes; pero añade que, previniendo el artículo 31 del capítulo 2º del Reglamento de Tribunales que queden suprimidos los asesores que tenían los virreyes,[7] capitanes o comandantes generales, debiendo éstos asesorarse con los auditores de guerra para el ejercicio de la jurisdicción militar que les compete, pueden, sin embargo, como jefes políticos, en los casos que se les ofrezcan de substanciación económica y directiva, y en los de patronato, consultar con las personas o letrados que más les acomoden, y no con un asesor únicamente; sobre cuyas especies opino de muy distinto modo, y deseo explicar a usted mi concepto.

Todos los asuntos civiles o criminales que puedan ofrecerse me parece se reducen a estas clases: de gobierno, de hacienda, de jurisdicción ordinaria, militares, eclesiásticos o de patronato. En cuanto a los de jurisdicción ordinaria, militares y eclesiásticos, entiendo que no puede caber duda alguna, porque es muy claro y terminante, en los artículos 10[8] y 32[9] del capítulo 2º de la citada ley de arreglo, y en los 248,[10] 249[11] y 250,[12] capítulo 1º título 5º de la Constitución, que los primeros son propios de los jueces de letras en la primera instancia, y en las demás de la Audiencia;[13] y los segundos y terceros, deben seguir su fuero respectivo, sin que quede ninguno otro privilegiado.

Hecha esta primera esencial división, es ya muy fácil entender lo demás. Los asuntos de gobierno y hacienda pública o son contenciosos, o son de pura economía y gobierno; si lo primero, supuesto que no hay casos de Corte, ni fuero alguno privilegiado, pertenecen a los jueces de letras, en primera instancia, y a las audiencias en la segunda. Y si son de pura economía y gobierno, toca resolver en ellos lo conveniente a las diputaciones provinciales,[14] al mismo jefe político en casos de fácil expedición, y, por lo peculiar de hacienda, también a los intendentes jefes de ella, y a los respectivos de cada ramo u oficina.

Présteme usted una poca de atención, señor Pensador, que la materia lo merece. En la instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, que es el Decreto de las Cortes de 23 de junio de [1]813,[15] se designan muy por menor todas las obligaciones, atribuciones y facultades de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y jefes políticos. Se refieren los casos más arduos y graves, que a éstos pueden ofrecerse, y se previene por punto general que sus resoluciones sean puramente gubernativas, o comuniquen los asuntos a las dichas diputaciones provinciales, y las materias en que únicamente se pueden asesorar.

Así se ordenaa que si los ayuntamientos necesitaren de alguna cantidad extraordinaria para sus obras y atenciones públicas, ocurran al jefe político a fin de que éste lo comunique a la diputación provincial; que cuando alguno se sienta agraviado por las providencias del ayuntamiento, o de los alcaldes, el mismo jefe político, oyendo a la diputación provincial, si lo juzgare conveniente, resuelva gubernativamente la duda,b que preste la aprobación de todas las cuentas de propios, arbitrios, y pósitos;c pero que sea después del visto bueno de las dichas diputaciones, y con la advertenciad de que en el caso de tener algún inconveniente, consulte con el gobierno para la resolución que convenga; que se le hagan también los ocursos, y propongan las dudas que se ofrezcan sobre elecciones para que las resuelva instructivamente sin pleito ni contienda judicial;e que cualquiera providencia sobre quejas, dudas, o reclamaciones de pueblos o particulares, se expida gratis,f y, por último, que en todos los casos señalados y graves que ocurrang oiga el dicho jefe político el consejo de la diputación provincial y se valga de sus luces.

He aquí los asuntos de más entidad que pueden ofrecerse, y la regla general para saberse conducir en todos. Hay sin embargo otros dos, señalados en la propia instrucción, siendo el primero que el jefe superior político ejerza la facultad que la pragmática del 10 de abril de [1]803 daba a los presidentes de las chancillerías y audiencias, y al regente de la de Asturias,[16] de conceder o negar a los hijos de familia la licencia para casarse; y el segundo, que puedan instruir el proceso de un ministro de la Audiencia, en el caso que previene la Constituciónh para remitirle al Supremo Tribunal de Justicia, siendo de notar que en aquel no se previene que se asesore, y en éste sí, que lo haga con un letrado de conocida instrucción y probidad; así como en el Reglamento de Imprentai se dice que para recoger las pastorales, instrucciones o edictos de los obispos y prelados eclesiásticos, que contengan cosas contra la Constitución o las leyes, consulte con los fiscales de la Audiencia, y remita el impreso al rey, para que oyendo al Consejo de Estado, se provea lo demás que convenga.

A excepción de estas ocurrencias, en ninguna otra se previene la consulta: porque si los negocios son de alguna gravedad, deben resolverse en los términos expuestos, y por la diputación provincial; y en lo demás, por sí, gubernativamente, y valiéndose siempre del consejo y de las luces de aquella respetable corporación. Y en cuanto a los de la hacienda pública, aunque al principio se ordenój subsistiesen por ahora los juzgados respectivos, según se hallaban. Posteriormente, en decreto de las Cortes de 13 de septiembre de [1]813, publicado en esta capital por bando de 23 de julio de [1]814,[17] se previno:k que todo lo contencioso fuese en primera instancia de los jueces de letras, y en segunda de las audiencias, que los intendentesl no ejerciesen más jurisdicción, pero sí toda la autoridad gubernativa y económica que les conceden las leyes; que cuantos asuntos hubiese pendientes, se dirigieran donde tocan;m y, por último,n que, habiendo dos o más jueces de letras, se comisionara uno para esta clase de negocios, de manera que, en ellos, ninguna intervención debe tener el jefe político, sino sea la que corresponde a la diputación y al intendente, y, por lo propio, jamás puede ofrecérsele caso alguno de consulta.

Ahora bien, reducidos a la jurisdicción ordinaria todos los negocios contenciosos de hacienda y gobierno, la substanciación de ellos corresponde también a los jueces de letras; y si se trata de otra puramente directiva o instructiva, que es la única que podría tocar a los jefes políticos en lo económico y gubernativo para ella, no necesita asesorarse, ni consultar a ninguna persona ni letrado: el pedir un informe, que se agregue cierta constancia, o que se evacúe tal trámite para su instrucción y claridad, y que esté en estado de determinarse lo oportuno por la diputación provincial, no son puntos de derecho, son materias muy ob[v]ias, para las que basta tener la ley en la mano y una buena intención. Ni tampoco podría absolutamente convenir el nombramiento de un defensor para cada negocio: porque esto preparaba un cúmulo inmenso de dificultades, no evitaría las contravenciones de la ley y, además, si cada uno se reduce a la clase que le corresponde, como lo previene el referido Reglamento de Hacienda, y puede fácilmente practicarse, estando ya formada la diputación provincial, queda allanado todo, y resulta que ni perpetuos ni interinos o electivos pueden ser lícitos los empleos, o comisiones de asesor y fiscal, como que son del todo opuestos a la Constitución.

 Lo cierto es que el artículo que citañ nuestro Irónico es muy terminante: no quiere que los virreyes tengan asesor, ni otra jurisdicción que la militar, y, por consiguiente, tampoco quiere que consulten con otros que con los auditores, en aquellas materias únicas de su atribución. El anterioro confirma el propio concepto por estas clarísimas excepciones. “Los virreyes, y comandantes, se limitarán al ejercicio de la jurisdicción militar, y quedan suprimidos todos los demás gobiernos, corregimientos, etcétera.” Los artículos respectivos a los fiscalesp son asimismo muy decisivos, y estando por otra parte clasificados todos los negocios, y prescrito el orden que deben seguir, no hay tampoco necesidad de esas comisiones, ni se alcanza cuál podría ser su objeto y desempeño, si se ha de observar la letra y espíritu del sistema que nos gobierna.

Sobre los asuntos de patronato, todo lo que hay en la Constitución es que corresponde al reyq la facultad de presentar para los obispados, las dignidades y beneficios eclesiásticos, a propuesta del Consejo de Estado, que éste haga la dicha propuesta por terna;r y que al Supremo Tribunal de Justicia corresponde conocer de todo lo contencioso que se ofrezca.s En cuanto a las provincias de ultramar, no hay una palabra acerca de este punto en dicho Código, y sólo en la citada instrucción económica-política, en el artículo 19, capítulo 3, se dice que: “el rey, o la Regencia en su caso, podrán delegar a los jefes políticos el ejercicio de las facultades del Real Patronato, según y como se ha practicado hasta ahora con los gobernadores de estas provincias”;[18] pero no habiéndose hecho todavía esta expresa delegación, entiendo que sólo por una especie de epiqueya,[19] y en ocurrencias de la mayor gravedad, podrá procederse, mientras se verifica, por los que ejercían como propietarios esta suprema regalía, en conformidad del artículo 8 de la Ordenanza de Intendentes,t y con consulta de los fiscales de las audiencias, que son también unos ministros autorizados por las leyes para estos casos, o donde no los haya, de alguno, o de algunos letrados de conocida instrucción y probidad.

Allanado de esta manera, y por tan poderosos fundamentos, todo lo concerniente a la economía del gobierno y patronato, lo demás contencioso es de los jueces de letras; y en lo que sea militar y eclesiástico, se sigue su fuero respectivo, siendo esto cuanto hay que saber en la materia. Vea usted, señor Pensador, qué cosa tan sencilla, qué reglas tan seguras: cuánto dista este plan de aquel sistema de infinitos reglamentos, multitud de órdenes y providencias, muchas veces contrarias y opuestas entre sí para cada ramo, con lo que se veían los infelices interesados siempre enredados con una monserga que no les era fácil entender, como tampoco a los patronos, ni a los jueces, y menos encontrando todos mil puertas y caminos amplios para andar de tribunal en tribunal, probando todos los fueros y privilegios, y sin llegar jamás, si así convenía a alguno, al templo santo de la justicia, que casi siempre estaba oculto y cercado de escollos y malezas. ¡Oh, no volvamos a lamentarnos de tan desgraciadas circunstancias, dando entrada a interpretaciones arbitrarias, y tergiversando el texto y espíritu de la Constitución! Quítese del todo la chanfaina, porque así lo quiere el benigno liberal prelado que nos gobierna,[20] y lo exige imperiosamente el instituto y la comunidad.

 

N.[21]

 


[1] México: En la Oficina de don Alejandro Valdés, calle de Santo Domingo [actualmente las dos primeras calles correspondientes a la de República de Brasil], 1820, 8 pp.

[2] chanfaina. Cf. nota 2 a Chanfaina sequita..., en este volumen.

[3] Véanse en este volumen La chanfaina sequita. Carta a El Pensador Mexicano, [núms. 1 y 2].

[4] Reglamento de la Imprenta, artículo 1: “Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sea, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores á la publicación bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto”. Cf. Hernández y Dávalos, Colección de documentos..., t. V, p. 66.

[5] Constitución. Cf. nota 13 a Sermón político-moral, en este volumen.

[6] Félix María Calleja. Cf. nota 6 a Chanfaina sequita..., en este volumen.

[7] Ley de Arreglo de Tribunales, capítulo 2, artículo 31. Cf. nota 9 a La chanfaina sequita. Carta a El Pensador Mexicano [número1], en este volumen.

[8] Ley de Arreglo de Tribunales, artículo 10: “Todos los demás pleitos y causas civiles o criminales de cualquier clase y naturaleza, que ocurran en el partido entre cualesquiera personas, se entablarán y seguirán precisamente ante el Juez Letrado del mismo, en primera instancia, exceptuándose los casos en que los eclesiásticos y militares deban gozar de fueron con arreglo a la Constitución, y sin perjuicio de aquellos de que conforme á esta ley puedan ó deban conocer los Alcaldes de los pueblos y de los que se reserven á Tribunales especiales”. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 316.

[9] Ley de Arreglo de Tribunales, artículo 32. Cf. nota 7 a Chanfaina sequita..., en este volumen.

[10] Título V, capítulo I, artículo 248: “En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas”. Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 89.

[11] Título V, capítulo I, artículo 249: “Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriban las leyes o que en adelante prescribieren”. Idem.

[12] Título V, capítulo I, artículo 250: “Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere”. Idem.

[13] Audiencia. Cf. nota 161 a Séptimo Juguetillo..., en este volumen.

[14] Diputaciones Provinciales. Cf. nota 31 a Primera pregunta a El Pensador..., en este volumen.

[15] Decreto de Cortes de 23 de junio de 1813. Se trata de la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, decretada por las Cortes generales y Extraordinarias”, publicada en México el 17 de febrero de 1814. Consta de 3 capítulos: 1. De las obligaciones de los ayuntamientos. 2. De las obligaciones y cargos de la Diputaciones Provinciales. 3. De los Jefes Políticos. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, pp. 258-274.

a Artículo 11, capítulo 1 de la citada Instrucción. [“Estará a cargo de cada Ayuntamiento la administración é inversión de los caudales de Propios y Arbitrios, conforme á las leyes y reglamentos existentes ó que en adelante existieren, nombrando un depositario en la forma que previene la Constitución. Si el Ayuntamiento necesitare para gastos públicos ó de objetos de utilidad común, de alguna cantidad más de las que le estuvieren asignadas de estos fondos, acudirá al Jefe Político, haciéndole presente la utilidad ó necesidad del gasto, todo que éste comunicará á la Diputación provincial.” Ibidem, pp. 260-261].

b Artículo 18, capítulo dicho. [“Si algún vecino se sintiere agraviado por providencias económicas ó gubernativas dadas por el Ayuntamiento ó por el Alcalde, sobre cualquiera de los objetos que quedan indicados, deberá acudir al Jefe Político, quien por sí, oyendo á la Diputación Provincial cuando lo tuviere por conveniente, resolverá gubernativamente toda duda, sin que por estos recursos se exija derecho alguno.” Idem.]

c Artículo 5, 6 y 7 del capítulo 2. [“Artículo 5. Siendo del cargo de la Diputación Provincial velar sobre la buena inversión de los fondos de Propios y Arbitrios de la Provincia para que las examine y glose. Esta Contaduría dará después cuenta á la Diputación para que ponga su vo. bo., si las hallase documentadas y conformes á las leyes y reglamentos, y con estos requisitos se pasarán a la aprobación del Jefe Político Superior. Éste hará formar por la misma Contaduría un finiquito general comprensivo de las cuentas de todos los pueblos de la Provincia, y le remitirá cada año al Gobierno para su conocimiento y efectos que pueden convenir. En este finiquito general deberán constar la aprobación del Jefe Político Superior y el vo. bo. de la Diputación Provincial, con expresión de los caudales sobrantes que existan en caja, y en la forma que previene la instrucción que rige. Por lo relativo á Ultramar, las Diputaciones Provinciales, pondrán el vo. bo. después de examinadas y glosadas del modo que se haya establecido por ordenanzas, pasándose igualmente á la aprobación del Jefe Político Superior”; “Artículo 6. Cuando un Ayuntamiento hubiere recurrido á la Diputación Provincial, en el modo y para los fines de que trata el artículo 11 del capítulo I de esta instrucción, podrá la Diputación, en los términos que le parezca, conceder al Ayuntamiento, la facultad de disponer de la cantidad que solicite del fondo de Propios y Arbitrios con tal que no exceda el duplo de la que le esté señalada para gastos extraordinarios y alterables, pero si excediere, se solicitará por medio del Jefe Político la aprobación del Gobierno, acompañando á la solicitud el informe de la Diputación. En Ultramar, por razón de la distancia, cuando ocurra este último caso, no se necesitará la licencia del Gobierno, y bastará en su lugar el expreso consentimiento del Jefe Político Superior.”; “Artículo 7. Las cuentas de Pósitos, mientras éstos subsistan serán examinadas y glosadas por las Contadurías de Propios y Arbitrios, y en ellas recaerá el vo. bo. de la Diputación y después se pasarán á la aprobación del Jefe Político. Se remitirá anualmente al Gobierno un finiquito general en la forma y para los efectos que quedan expresados en el capítulo 5 de este capítulo”. Ibidem, p. 265.]

d Artículo 25, capítulo 3. [“Toca al Jefe Político aprobar las cuentas de Propios y Arbitrios y de los Pósitos, que remitan los Ayuntamientos después de puesto el vo. bo. por la Diputación Provincial; y en caso de tener algún inconveniente en su aprobación, consultará con el Gobierno para la resolución conveniente”. Ibidem, p. 272.]

e Artículo 23, capítulo 3. [“Corresponde al Jefe Político el conocimiento de los recursos ó dudas que ocurran sobre elecciones de los oficios de ayuntamiento, y las decidirá gubernativamente y por vía instructiva, sin pleito ni contienda judicial. El que intentare decir de nulidad de las elecciones ó de tachas en el nombramiento de alguno, deberá en el preciso término de ocho días después de publicada la elección, y pasado aquél no se admitirá la queja; pero en ningún caso se suspenderá la posesión á los nombrados en el día señalado por la ley a pretexto de los recursos y quejas que se intenten”. Idem.]

f Artículo 34, capítulo 3. [“Toda providencia gubernativa sobre quejas, dudas ó reclamaciones de pueblos ó particulares, se expedirá gratis en la Provincia.” Ibidem, p. 273.]

g Artículo 15, capítulo id. [“A fin de asegurar convenientemente la responsabilidad por las providencias que se tomen en la Provincia, y de dar á la ejecución de las mediadas gubernativas toda la uniformidad y energía que son tan necesarias, se observará en los negocios que traten por la Diputación, que cuando versen en la aprobación e intervención de cuentas y el repartimiento de contribuciones, se entienda acordado por la Diputación aquello en que conviniere la mayor parte de los vocales, y en estos casos la responsabilidad recaerá sobre la Diputación; pero cuando sean de aquellos en que estuviere encargado á las Diputaciones por la Constitución ó las leyes sólo el cuidar, velar ó promover ó fomentar las cosas pertenecientes al bien público, la autoridad para las resoluciones y la responsabilidad será toda del Jefe Político, oyendo en los casos señalados y graves el consejo de la Diputación y valiéndose de sus luces sin perjuicio de las prontas providencias gubernativas que pueda exigir la urgencia de las ocurrencias.” Ibidem, p. 270.]

[16] Pragmática del 10 de abril de 1803. En el decreto de Cortes del 23 de junio de 1813 se da la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, el capítulo III, “De los jueces políticos”, artículo 18, dice lo siguiente: “Con arreglo á lo prevenido en el decreto de 14 de abril próximo pasado, el Jefe Superior Político de cada provincia ejercerá en ella la facultad que en los casos y términos que expresa la pragmática de 10 de abril de 1803 ejercían los Presidentes de las Chancillerías y Audiencias y el Regente de las Asturias, concediendo o negando a los hijos de familia la licencia para casarse.” Ibidem, p. 271.

h Artículo 261, capítulo 4. [Este artículo pertenece al título V, “De los tribunales y de la administración de justicia”, capítulo I, “De los tribunales”, y a la letra dice: “Toca a este Supremo Tribunal —el artículo 259 establece que habrá en la Corte un tribunal que se llamará Supremo Tribunal de Justicia—. Primero: Dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias con los tribunales especiales que existan en la Península e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo determinaren las leyes. Segundo: Juzgar a los secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causa. Tercero. Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias. Cuarto: Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del Despacho, de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al jefe político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este Tribunal. Quinto: Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, procederán a nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble. Sexto: Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por disposición de las leyes. Séptimo: Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al real patronato. Octavo: Conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254. Por lo relativo a Ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias en la forma que se dirá en su lugar. Décimo: Oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes. Undécimo: Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las audiencias, para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta.” Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., pp. 90-91.]

i Artículo 33 del Decreto adicional del Reglamento de la libertad de imprenta [“En Ultramar, por evitar los inconvenientes de la distancia, el Gefe Político Superior de cada Provincia, consultando á los Fiscales de la Audiencia del territorio, podrá recoger el impreso entre tanto que remitido al Rey se observa lo prevenido en el artículo antecedente”, Cf. Hernández y Dávalos, Colección de documentos..., t. V, p. 72].

j Artículo 32, capítulo 2 de la Ley de Arreglo de Tribunales. [ Cf. nota 7 a Chanfaina sequita..., en este volumen]

[17] Bando de 23 de julio de 1814. Cf. nota 11 a Chanfaina sequita..., en este volumen.

k Artículos 1, 3, 8, 9 del dicho Reglamento de 13 de septiembre de [1]813. [Cf. nota 8 a Chanfaina sequita..., en este volumen].

l Artículo 14 de dicho Reglamento de Hacienda. [Cf. nota 8 a Chanfaina sequita..., en este volumen].

m Artículo 16 del Reglamento citado. [Cf. nota 8 a Chanfaina sequita..., en este volumen].

n Artículo 9 de id. [Cf. nota 8 a Chanfaina sequita..., en este volumen].

ñ Artículo 31, capítulo 2 de la Ley de Arreglo de Tribunales. [Cf. nota 9 a La chanfaina sequita. Carta a El Pensador Mexicano [número 1], en este volumen]

o Artículo 30, capítulo 2, id, id. [Cf. nota 164 a Séptimo Juguetillo..., en este volumen].

p Artículo 24 del capítulo 1, id. [Cf. nota 10 a La chanfaina sequita o carta a El Pensador [número 1], en este volumen.].

q Artículo 171 de la Constitución [Cf. nota 109 a Séptimo Juguetillo..., en este volumen].

r Artículo 237, id. [“Pertenecerá á este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura”. Cf. Tena Ramírez, Leyes fundamentales..., p. 88].

s Artículo 261 de la Constitución [Cf. nota h de este folleto].

[18] Capítulo 3, artículo 19: “El Rey y la Regencia en su caso, podrán relegar á los Jefes Políticos de Ultramar el ejercicio de las facultades del Real Patronato según y como hasta ahora se ha practicado con los Gobernadores de aquellas Provincias en toda su extensión conforme á las leyes y disposiciones anteriores”. Cf. La Constitución de 1812..., t. I, p. 271.

[19] epiqueya. Interpretación moderada y prudente de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona.

t Los intendentes foráneos eran puramente subdelegados de los delegados, ó llamados propietarios en el Patronato; pero no estando hecha la delegación, mal pudiera tocar por ahora a aquellos función alguna. [“Vice-Patronato real: quiénes le han de exercer en todas y cada una de las Intendencias, en qué términos. A excepción de los Intendentes de México, Guadalaxara, Arispe, Mérida de Yucatán y Veracruz, todos los demás han de exercer en sus Provincias el Vive-Patronato Real conforme á las Leyes, y en calidad de Subdelegados de los respectivos propietarios; pero quedando reservadas á éstos todas las presentaciones eclesiásticas que como á tales Vice Patronos les correspondan, y también el absoluto exercicio de esta suprema regalía de mi Corona en los distritos de las Intendencias donde tienen sus fixas residencias de modo que en el de la de México corresponderá al Virrey, en el de la de Arispe al Comandante-General de las Fronteras, en el de la de Guadalaxara al Presidente-Regente de su Real Audiencia, y en la de la de Mérida y Provincia de Yucatán á su Gobernador Capitán General; pero en el territorio de la Intendencia de Veracruz á que no se extiende la jurisdicción de aquel Gobernador, corresponderá al Intendente de la de Puebla el exercicio que ya le queda declarado para su propia Provincia, así como al dixo Gobernador, y al del Nuevo Reino de León en los distritos de sus respectivos mandos con la misma calidad de Subdelegados del Vice Patrono propietario, (que en ambas partes lo es el Virréi) y , con la ya explicada reserva á su favor”. Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España. 1786. Edición facsimilar, introducción de Ricardo Ress Jones. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1984, pp. 12-13.].

[20] Pedro José de Fonte. Cf. nota 6 a Recuerdos del 9 de julio de 1820, en este volumen.

[21] N. Cf. nota 51 a Piénsalo bien, en este volumen.